¿Gobierno y oposición juegan al desgaste?

Desde el primero de abril, cuando comenzaron las protestas opositoras para exigir que se abra un canal humanitario para la adquisición de alimentos y medicinas, que se restablezca el hilo constitucional, se liberen los presos políticos, se respete la Asamblea Nacional y se hagan elecciones generales, el resultado ha sido: 43 muertes, 2371 detenciones y más de 800 heridos. Pese a ello, las distintas convocatorias de manifestación que hace la Mesa de la Unidad Democrática siguen atrayendo a miles de venezolanos.

En este contexto, John Magdaleno, politólogo y experto en Análisis de Datos en Ciencias Sociales, dijo a Unión Radio que la oposición debe comenzar a pensar en un cambio de estrategia en cuanto al límite y las modalidades de la protesta, “porque sostener esto muchos meses más, además de que genera desgaste, tiene unos costos y el Gobierno está jugando precisamente al desgaste”.

También enfatiza Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, “una protesta que no obtiene resultados tiende a desgastarse y ese es el juego del Gobierno” y añade que el Gobierno, al no hacer ninguna concesión con lo que se le pide y al ejercer una cruda represión de las manifestaciones para hacer que la gente responda con violencia, obtiene que la protesta se desgaste y que la gente deje de asistir.

Gabriel Reyes, analista político y profesor universitario, cree que el Gobierno no está jugando al desgaste porque “eso supone una estrategia” pero sí que “espera que exista un desgaste en virtud de su incapacidad para rectificar su modelo político”.

A juicio del presidente del Observatorio Político Venezolano, José Mendoza, ni al Gobierno ni a la oposición ni a la sociedad le interesa ningún escenario de conflictividad y violencia, “porque cada vez se está llegando a niveles más extremos en los focos de violencia que se están generando en distintos puntos del país” y eso no es “bueno para nadie, más que para el ala más radical de la oposición porque lograrían romper cualquier posibilidad de diálogo entre los actores políticos, como en efecto está sucediendo”.

“Si en algo creo es que hay un grado de impunidad enorme con respecto a los desmanes ocurridos en las protestas, que pasan de ser pacíficas a extremadamente violentas y donde el Estado no está aplicando la ley con severidad, pues debería actuar de manera más contundente, ya que independientemente de que actúe o no actúe, los estados extranjeros le acusarán de violador de Derechos Humanos”, asevera Mendoza.

Alarcón explica que el elemento más peligroso que se puede presentar es que la protesta se anarquice y el Gobierno, al saber esto tan bien, trabaja en desvirtuarla para lograr derrotarla.

“El Gobierno esta provocando a los manifestantes para así tener una excusa del uso de la represión y decir que lo hace legítimamente, pues en todos los procesos de represión presentes en regímenes autoritarios como el de Venezuela, es un común que se hagan el reframe o reencuadre de la interpretación de la situación. Pintar que las consecuencias negativas de la protesta, como las muertes, los heridos y detenidos, son responsabilidad de quienes protestan y deslegitimar la causa”.

Explica Mendoza que si el Gobierno está jugando al desgaste, se debe estar claro que en la medida en que pasa el tiempo, los hechos de violencia se han incrementado más “por lo que ese desgaste o rendimiento del adversario podría tardar mucho tiempo y los daños pueden ser mayores e irreversibles”.

El efecto de la protesta

“No hay posibilidad de que se dé un cambio de Gobierno, si la protesta se abandona pero la oposición tiene la necesidad urgente de desprenderse de esos pequeños grupos anárquicos y violentos”, explica John Magdaleno.

Enfatiza que “en la medida en que se va violentando la protesta evidentemente habrá menos personas dispuestas a participar, por ello, para sostener la protesta, masificarla y darle mayor incidencia política, es importante que sea pacífica”.

Para Gabriel Reyes, las protestas opositoras han servido para visibilizar una crisis que “estaba contenida en millones de hogares venezolanos y que hoy se manifiestan en la calle sin miedo”.

La convicción de Reyes es que en democracia no hay otra arma para imponerse al contrario, mas que “la protesta pacífica” y añade “esa arma ha acabado con muchas tiranías en la historia”. “Como en Chile con la salida de Pinochet, donde la oposición fue presionando hasta que se logró un referendo”, agrega José Mendoza.

Reyes destaca que con la presión de calle existe la posibilidad de que el Gobierno entregue su cargo al verse asfixiado por el alto costo de ingobernabilidad. “Es posible que el Gobierno se desgaste hasta el punto de entender el clamor popular y entienda que la voz del pueblo es la voz de Dios”.

Calle y diálogo

Pese a que hay opiniones encontradas respectos a la naturaleza de las actuales revueltas, algo en lo que coinciden los analistas políticos es que, además de la calle, es necesario hacer empeño en el diálogo o en escenarios de negociación política.

José Mendoza considera que es necesario que la presión de calle se acompañe con negociación política “porque de lo contrario, como está pasando, la protesta deriva en escenarios de conflictividad y violencia que no tienen válvulas de escape”.

Mientras que para Benigno Alarcón “sin protesta no habrá cambio político, pero la protesta por sí sola no lo va a lograr. Se necesitan otras cosas como la negociación de acuerdos entre Gobierno y oposición, para tratar de racionalizar los costos de salida”. Detalla Alarcón que si la Oposición atrinchera al Gobierno y a las Fuerzas Armadas, diciéndoles que “cuando sean Gobierno van a rodar las cabezas de todos, evidentemente nadie tendrá ningún incentivo para permitir que el cambio político se dé. De eso hay ejemplos, como el caso de Siria o Libia, donde los regímenes luchan hasta el final por temor a los costos políticos”.

Concluye Mendoza al decir que la oposición debe presionar con calle y diálogo, que el Consejo Nacional Electoral anuncie el calendario electoral de las municipales y regionales, debido a que ese no es un “invento de nadie y la Constitución lo exige”.