Gloria Pinho: “Los magistrados del TSJ no pueden oler a política”

Gloria Pinho sumó 31 años a la administración de justicia. Durante ese tiempo ocupó cargos como Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia y miembro de la Corte de Apelaciones de Caracas. En diciembre pasado se jubiló y ahora encabeza la ONG con todas las de la ley. Su lectura, polémica, pero vertical, desnuda la violación de la Carta Magna.

—¿Sobre la crisis política actual, que cuota de responsabilidad tiene el Gobierno y la oposición?

—Yo le doy 50 y 50 porque tenemos un desorden dentro de los órganos de poder. No se ponen de acuerdo y se la pasan ventilando sus particularidades sin tomar en cuenta las necesidades del pueblo. En primer lugar, el Parlamento debió examinar el acto irrito de la Asamblea Nacional (AN) en cuanto a la designación de los magistrados, que violentó el Reglamento de Interior y de Debate. Si no impugnaron a los magistrados desde entonces ya es poco lo que ahora se puede hacer. Ya ellos desde enero adquirieron derechos subjetivos que deben ser respetados porque ocupan un cargo con una debida juramentación y emiten pronunciamientos que no han sido impugnados. No podemos decir que son ilegítimitos, los convalidaron. El Gobierno, por su parte, usa los mecanismos que establece la ley, si es una sala a la medida del Gobierno, es culpa de la AN y tratar impugnarlo ahora es difícil.

—¿Cree que el liderazgo opositor está en deuda con la Nación?

—Sí, por la actuación de algunos, no todos. Hemos escuchado una cantidad de improperios que señalan hacia miembros del Gabinete Ejecutivo e integrantes del órgano de poder y eso no trae nada positivo. Si la oposición eligió a sus diputados para que los represente debe ser con una actuación de altura y de respeto.

—¿Cuál es su diagnóstico sobre el papel desempeñado por la oposición desde la AN?

—Más allá de un diagnóstico yo los evalúo y les coloco 01 por mantenerse en un estado de desacato. ¿Tenemos algo positivo que destacar mas allá de discusiones e insultos o el llamado a protestas?, pues no. Por otra parte, el desacato va a traer como consecuencia que la renovación de los rectores del CNE sea nula y se pierda la oportunidad de que el revocatorio sea este año. Vamos a perder una oportunidad valiosísima que nos pudiera garantizar que el proceso se lleve a cabo y sepamos si somos o no mayoría.

—En cuando a la labor de Henry Ramos Allup al frente del Parlamento, ¿qué puede decir?

—Yo me pregunto si acaso Henry Ramos Allup está jugando a perder la AN nuevamente. Si los ciudadanos tenemos memoria y recordamos cuando la perdimos años atrás y se erigió una asamblea roja se perdió gracias a él y parece que aspira a cometer el mismo error con el desacato a las decisiones del TSJ y, eso no quiere decir que los demás diputados estén exentos. Para declararte en desacato tienes que aprobar la moción de la AN.

—¿Entonces fue un error no actuar de inmediato en contra de los “magistrados express”?

 —Fue un error gravísimo. La justicia hay que despolitizarla. Los magistrados del TSJ no pueden oler a política y ser involutos en todas sus acciones. Lo más idóneo para ser magistrado es tener carrera judicial, es lo natural como ocurre con los militares. Una cosa es que tenga simpatía con cierta tendencia en particular y la otra es que haga proselitismo político. Es un error gravísimo que la AN porque no haya neutralizado a la Sala Constitucional.

—¿Qué lectura tiene de las sentencias del TSJ?

—Las decisiones del TSJ pueden ser subjetivas. Todo lo que ocupamos un cargo judicial tenemos que aplicar las leyes sobre la base de nuestras experiencias y de todo lo que analizamos en base a derecho. Por eso hay que despolitizarlo. Cómo hacerlo si uno políticamente está comprometido.

—¿En qué momento se perdió la independencia del TSJ y los demás poderes?

—Esto no es desde ahora.

—¿Desde cuándo?

—Nace desde que los partidos políticos se involucraron en la administración de justicia. En los anteriores tribunales supremos siempre hubo adecos y copeyanos. Había algo que llamaban tribus que lo integraban personas a favor y en contra. La justicia siempre ha estado politizada y es un grave error de los venezolanos el no exigir que la política se salga de la justicia.

—Cómo cataloga la aprobación del Presupuesto 2017? Es el Congreso de la Patria aval de peso?

—El Congreso de la Patria no es ningún aval, porque si hablamos de esa gura debería estar conformada por cada ciudadano venezolano y no una minoría que tenga un carnet de alguna organización. Ese congreso debería estar integrado por todos los venezolanos y no una parcialidad. El presupuesto necesita un análisis sobre la base de expertos y especialistas, no podemos seguir arando en el desierto.

—¿Puede el Presidente negar los recursos a los gobernadores?

—No, el Presidente, si bien fue electo por una mayoría, es el Presidente de todos los venezolanos y él no puede señalar que suspenderá recursos porque las alcaldías o las gobernaciones no le pertenecen a los partidos. Que no se olvide que las alcaldías tienen autoridades colocadas por elecciones, por tanto las sentencias se acatan o no. Por eso el Jefe de Estado debe entregar los recursos porque pareciera que obligara a los demás organismos a que bajo alguna limitación supedite la entrega los recursos a una rma que no existe para el acatamiento de decisiones.

—El caso de los diputados del Amazonas. ¿Qué vías se deben seguir para que se respete el derecho electoral de los habitantes de esa región?

—La Sala Electoral en esa instancia, de acuerdo con la ley tiene 68 días hábiles una vez reciba la demanda. No olviden que en ese periodo se deben esperar citaciones y notificaciones debido a que son muchas las partes involucradas. Ese periodo se puede extender si queda alguien por fuera.

—Siendo así ¿Cuánto ha pasado desde que inició el proceso y cuándo debe arrojar la Sala Electoral las primeras conclusiones?

—Ya deberían estar emitiendo pronunciamiento. No debería pasar de la primera quincena de noviembre para que presenten un dictamen.

—¿Es legal la postergación de las elecciones regionales?

—Pero espérate un segundito y qué ha pasado con los actores políticos ¿por qué no lo solicitaron?

—¿Si ellos no lo solicitan, entonces no hay más elecciones?

—No necesariamente. Recuerda que estamos en una coyuntura donde se han presentado varios inconvenientes de la Sala Electoral. Si el CNE no se pronunció en la fecha acordada y tú te quedas callado quiere decir que estas conforme. Si haces silencio están convalidando ese acto aunque no sea legal. Pero ellos (la oposición) están concentrados en otro show.

—¿Un tribunal penal tiene las competencias su cientes para actuar en materia electoral?

—El artículo 65 del Código Orgánico Procesal Penal establece las competencias de los tribunales y dentro de las competencias en materia penal no se encuentra la material electoral. Eso le compete a la Sala Electoral. Es muy grave porque se extralimita en sus funciones y por tanto la decisión es nula. Contra una misma persona no pueden proceder varias causas. Si hay una denuncia por la Fiscalía, esa instancia es quien la encamina hasta el tribunal competente.

—¿Además prohibieron la salida del país de varios dirigentes de oposición?, ¿en la práctica es posible, tomando en cuenta en la forma como se ejecutó?

—Las prohibiciones de salida ocurren cuando el fiscal inicia una investigación y arroja como resultado la presunta responsabilidad sobre un hecho denunciado. Si se desarrolla una investigación a espaldas de los involucrados, estamos frente a una medida violatoria del COPP y la Constitución.

—Ante el actual escenario en la que se señala que se cerraron todas las vías legales para el revocatorio ¿Aún quedan opciones para una salida no violenta?

—En efecto la hay, no todo está perdido, aún queda el 350 de la Constitución sobre el desconocimiento a un Gobierno que no respeta la Carta Magna Nacional. Es la gura donde el pueblo desconoce cualquier régimen o cualquier autoridad que vaya contraria a los valores democráticos. Se conculcaron valores constitucionales. Este consiste en sacar a la calle un amparo constitucional donde el pueblo solicite la aplicación del mencionado artículo y se reinstaure la Constitución.

—En este caso, con base en el manejo de las instituciones, hay algún ente que pueda detener la activación del 350?

—Ninguno.