El diario plural del Zulia

“El Presidente comete crímenes de lesa humanidad”

“Aun cuando la fiscal general de República, Luisa Ortega Díaz, ha ido marcando espacios de diferencias con ciertas actitudes del Gobierno, debería iniciar un antejuicio de mérito contra el Presidente (Nicolás Maduro), el Ministro de la Defensa (Vladimir Padrino López) e incluso contra los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quienes con las sentencias inducidas por el Presidente han provocado esta ruptura del orden constitucional que lleva a este conflicto que hasta vidas humanas ha costado”. Así lo cree Román Duque Corredor, miembro del grupo de exmagistrados de la antigua Corte Suprema de Justicia que integran el Bloque Constitucional de Venezuela y profesor de la Universidad Central de Venezuela, quien como invitado en nuestro Repiqueteo afirma: “La Fiscalía General de la República tiene en sus manos la posibilidad de intervenir para tratar de controlar esta persecución o este crimen de lesa humanidad que viene cometiendo el Presidente de la República, el Ministro de la Defensa y el resto de los funcionarios que lo apoyan”.

¿En qué momento se encuentra la justicia venezolana, ¿se puede comparar con algún otro episodio de nuestra historia? -Nunca la justicia venezolana había estado en su más bajo nivel desde el punto de vista de la independencia, desde el punto de vista del per l del juez, ni desde el punto de vista de la credibilidad de la población. Los datos más alarmantes señalan que el 73 % de los jueces no son titulares, son jueces provisorios, algunos los han llamado jueces desechables, que en la medida que ejercen su autonomía son despedidos. Por otro lado, el 74 % de la población cree que el Poder Judicial está entre los poderes más corruptos, y en cuanto al índice de la independencia del Poder Judicial, Venezuela en los índices mundiales, está en el último lugar por debajo de Nicaragua y Paraguay, con un 1,0 %. Pero todavía más grave, en el índice de percepción sobre el Estado de Derecho, donde el nivel más alto está entre 90 y 100, Venezuela está en el nivel más bajo de este indicador junto con Ecuador y Haití, que no superan el 10 %.

¿El Presidente de la República ha dicho que esta semana será de batalla, ¿desde el punto de vista legal qué significa?-Significa la comisión de un delito, porque está amenazando con reprimir de la manera más criminal a la disidencia, hasta el punto que ha dicho que a los milicianos, que forman parte del cuerpo armado, los va a dotar de un fusil a cada uno para que salgan a reprimir a la oposición. Aparte de eso tanto el Presidente como el Ministro de la Defensa, han dado instrucciones a la Guardia Nacional para que procedan inclusive a utilizar armas largas y gases tóxicos para reprimir las protestas, que es un derecho ciudadano. Esto se inscribe claramente dentro de lo que el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional han llamado delitos de persecución, que es toda una estrategia organizada, dirigida, continuada y sistemática de ir eliminando de la población civil un sector por razones políticas e ideológicas. Ese anuncio del Presidente no hace sino confirmar lo que se ha dicho, que en Venezuela se vive bajo un esquema de violación de los derechos humanos, donde el Gobierno es el principal responsable de estos delitos de crímenes de lesa humanidad.

El código penal obliga a preservar la identidad de los presuntos indiciados en delitos, sin embargo, el presidente Nicolás Maduro, “con autorización de la Fiscalía General de la República”, presentó imágenes de los hermanos Sánchez, dirigentes de Primero Justicia, quienes presuntamente fueron torturados para que acusaran a sus compañeros de financiar actos terroristas, ¿se podría decir que la fiscal Luisa Ortega Díaz es cómplice de la tortura como política de Estado?  —Lo que se deduce de la presentación que ha hecho el Presidente de la República de unos videos supuestamente tomados en la policía de inteligencia política, es que en Venezuela no hay Poder Judicial, porque ciertamente no deberían haber permitido que se exhibieran a través de los medios de comunicación social declaraciones de supuestos procesados, presuntamente imputados. Eso está prohibido. Eso quiere decir que en Venezuela, la justicia no manda, quien manda es el señor Maduro. Todavía no he oído una descalificación de la utilización ilegal de esos medios o de esos videos, de supuestas confesiones hechas ante la policía, en razón de que no tienen valor legal las confesiones hechas fuera del proceso y donde no intervenga un fiscal del Ministerio Público.

¿Tiene el presidente de la República facultades para acusar y exponer al escarnio público a cualquier ciudadano como ocurrió con los hermanos Sánchez. ¿Qué basamento legal lo restringe en sus funciones? -En primer lugar quien menos autorizado está para exhibir pruebas o videos policiales es el Presidente de la República. No es autoridad judicial, no es ni Fiscal General de la República. Eso demuestra que Maduro está fuera de la Constitución y que ha abandonado propiamente el ejercicio legítimo de su cargo. Por otro lado los tratados internacionales y la misma constitución le impiden exponer ante la opinión pública una persona que está sometida a alguna investigación penal, eso va contra la garantía de la integridad de la persona, contra la garantía de presunción de inocencia. Esto corrobora el cuadro de persecución que el Gobierno ha venido sosteniendo de manera continua, permanente y dirigida, con apoyo de parte de la FANB y concretamente con la Guardia Nacional, contra quien se manifieste contra el proyecto político del socialismo que predica el Gobierno.

¿El Defensor del Pueblo, el 19 de abril, se manifestó vía tuit en relación con la lamentable muerte de un efectivo de la Guardia Nacional e ignoró la muerte de otros tres venezolanos que habían fallecido, también de forma trágica ese mismo día, ¿cómo podemos interpretar su actitud? -—Para el Defensor del Pueblo los derechos son de los amigos y los enemigos no tienen derechos, razón por la cual no ha tenido una posición terminante contra la represión, apenas tímidamente dice que va a solicitar averiguación para los casos que se le han denunciado de muerte y de tortura y ha sido más terminante en el caso de que lamentablemente haya muerto un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana. Yo pienso que el Defensor del Pueblo no está asumiendo su papel sino de defensor del Gobierno y del partido de Gobierno que lo inhabilita y deslegitima a seguir en su cargo.

¿El apagón informativo, que incluyó este 19 de abril la salida del aire de tres canales internacionales por parte de Conatel, ¿se apega al derecho del venezolano a estar informado?- Ese apagón informativo forma parte de la estrategia organizada y sistemática de destruir a parte de la población civil por su disidencia u oposición a su proyecto político. Ese es un elemento más de lo que se llama delito de persecución, que es el delito de excluir del ejercicio de sus derechos a parte de la población que no participe de su ideología ni de su idiosincrasia, por eso no solamente le impone la obligación de la autocensura a ciertos medios de comunicación social, sino que también, violando incluso tratados internacionales, saca de la parrilla de la televisión de cable a medios que tienen un prestigio internacional, con lo cual quiere bloquear a la población venezolana como hacen los gobiernos de Cuba, Corea del Norte o de China, de manera que no estén informados sino sólo lo que al Gobierno le interesa. Esto es un elemento más para que la comunidad internacional se dé cuenta de cuán justificada está la decisión de Mercosur de haber excluido a Venezuela y cuánto más está justicado el planteamiento del secretario general de la OEA, de que Venezuela ha violado la Carta Democrática Interamericana. El apagón informativo es el delito de excluir del ejercicio de sus derechos a parte de la población que no participe de la ideología del Gobierno.

 

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