El chavismo pudiera codearse con lo peor del crimen mundial
La Organización de Estados Americanos (OEA) inició las audiencias públicas en las que varios expertos determinarán si hay elementos o no para presentar un caso ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, por la comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela, por parte de los organismos del Estado, durante las protestas opositoras registradas entre abril y julio de 2017.
El asesor de la OEA es el argentino Luis Moreno Ocampo, primer fiscal jefe de la CPI (2003-2012), quien obtuvo una gran notoriedad como fiscal adjunto en el “Juicio a la Juntas” (1985) contra los militares que gobernaron Argentina durante la última dictadura de ese país (1976-1983).
“Que en este edificio hermoso de la OEA vengan víctimas venezolanas a discutir frente a los embajadores si el caso tiene que ir a la Corte Penal Internacional, es histórico. Estamos combinando víctimas venezolanas, Estado venezolano, OEA, la corte de La Haya, esto es único, nunca pasó”, dijo el abogado el pasado 17 de septiembre.
“Inédito” es el término que elige Daniela Guerra, directora general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), para describir estas audiencias.
“Este proceso no tiene precedentes porque la OEA, un organismo regional, es el que está llevando adelante la denuncia. Hay tan pocos antecedentes de sentencia de la Corte Penal Internacional, que yo creo que todo es inédito en este caso”.
“Selecto” grupo
Son poquísimos, en efecto, los casos llevados a la CPI. Pero muy notorios, eso sí. El 4 de marzo de 2009 dictó sentencia contra Omar al Bachir, presidente de Sudán, por crímenes de guerra y lesa humanidad contra la población civil de la región de Darfur, entre abril de 2002 y julio de 2008.
Fue la primera orden dictada contra un presidente en ejercicio. El artículo 27 del Estatuto de Roma, que es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, establece que este es aplicable a todos los funcionarios de un gobierno, sin distinciones basadas en el rango que ocupen.
No están exentos de responsabilidad penal los representantes electos por voto popular, ni su legitimidad de origen los hará acreedores de beneficio alguno, como la reducción de la pena.
El otro jefe de Estado con orden de detención, además de Omar al Bachir, fue Muamar al Gadafi. Pero se archivó luego de su asesinato durante la revuelta en Libia en 2011. Fue el 10 de julio de 2012 cuando la CPI dictó su primera y única sentencia condenatoria, al imponerle 14 años de prisión a Thomas Lubanga, líder rebelde de la República Democrática del Congo (RDC), que reclutó niños para convertirlos en soldados en la región de Ituri, entre septiembre y agosto de 2003.
Insignia negativa
“El Gobierno de Venezuela estaría equiparado con los peores. Es un reconocimiento negativo, junto con otros violadores de Derechos Humanos, como Augusto Pinochet, por ejemplo”, comenta Carlos Patiño, coordinador de exigibilidad en Derechos Humanos de Provea.
Alberto Fujimori, expresidente de Perú, es otra de las referencias a las que recurre el activista.
“Siempre hacemos un paralelismo con Fujimori, porque al igual que la de Nicolás Maduro, la de Perú fue una dictadura que llegó al poder a través de los votos, no a través de un golpe militar. Pero se deslegitimó en la acción, por eso es una dictadura de corte moderno. Con cierto barniz de legalismo, terminó constituyéndose en dictadura”.
Patiño destaca el informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre violaciones cometidas entre el 1 de abril y el 31 de julio. El documento apunta a posibles ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, así como desapariciones forzosas.
El Alto Comisionado, de hecho, recomendó al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de la ONU que adopten medidas para evitar que las libertades fundamentales se sigan deteriorando en Venezuela.
“El Alto Comisionado llegó a la conclusión de que las fuerzas de seguridad emplearon sus armas de servicio durante las manifestaciones, causando la muerte de 27 manifestantes”, señala el documento.
El porvenir
De las 124 muertes el Ministerio Público ha investigado, a los cuerpos de seguridad se les atribuyen al menos 46: dos por inhalación de gases lacrimógenos, uno por perdigones de plástico, 14 por perdigones y metras, dos por impacto de cartuchos de bombas lacrimógenas disparadas al cuerpo de los manifestantes y 27 por arma de fuego.
“El Alto Comisionado no lo dice expresamente, pero al manifestar que existen violaciones generalizadas, graves y sistemáticas, esto pudiera determinar la posibilidad de que sí hubo crímenes de lesa humanidad en el contexto de la rebelión popular de abril y julio”, señala Patiño.
Daniela Guerra, directora general de Codhez, las audiencias en la OEA y el informe del Alto Comisionado de la ONU parten de que existen elementos para considerar un juicio contra funcionarios del Gobierno nacional, cuyas políticas atentan contra los derechos ciudadanos.
“Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentencia en contra del Estado, este tiene que cumplir con una sanción y reparación de los daños, pero la Corte Penal Internacional busca un resultado mucho mayor”.
La revolución bolivariana enfrenta su mayor reto después de la muerte de Hugo Chávez, su máximo líder: no quedar en la historia como un movimiento violador de Derechos Humanos.
Y, lo más paradójico, es que se enfrenta a lo que Luis Moreno Ocampo califica como otra revolución. “Esto puede ser una revolución para América del sur. Yo soy argentino, en mi país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA paró la masacre; veinte años después, tenemos la posibilidad de que la OEA, mezclándose con la Corte Penal Internacional, ayude a Venezuela a que no haya crímenes y no haya violencia”.
