El diario plural del Zulia

Cofavic: “En el país no llegan a juicio 99 % de los casos de derechos humanos”

Para Liliana Ortega, abogada y miembro fundador del Comité de Familiares de las Victimas (Cofavic) de los cruentos sucesos ocurridos el 27 de febrero de 1989, conocido como el Caracazo, su mayor preocupación en estos momentos como defensora de los derechos humanos, es que la mayoría de las víctimas no quieren denunciar “por la pérdida de credibilidad en la institucionalidad”.

“A pesar de que nosotros los impulsamos a que lo hagan, que vayan a la Fiscalía, a los tribunales. Sienten que eso no va a tener ningún resultado. Eso tiene que ver con los altos índices de impunidad que existen y la gente piensa que los culpables no van a ser castigados”.

datosversionfinalA Ortega también le inquieta el tema de las amenazas. “La mayor parte de la gente que denuncia estos casos siente que podrían tener alguna consecuencia, algún riesgo. Eso es bastante novedoso en Venezuela. Nosotros no lo habíamos documentado con la preocupación que lo estamos documentando”.

—Jorge Valero, embajador de Venezuela en la ONU, dice que Venezuela es ejemplo en el mundo en materia de derechos humanos. ¿Cuál es su opinión?

—En Venezuela todos los crímenes de derechos humanos son prácticamente graves. Quienes los cometen saben perfectamente que las posibilidades de tener alguna consecuencia son mínimas. Las estadísticas del propio Ministerio Público dicen que el 99% de los casos de derechos humanos no llegan a juicio en Venezuela. La propia Fiscal General de la República ha señalado que la situación de las policías es muy preocupante, que las medidas que se han hecho para el tema de la seguridad ciudadana no son e cientes. Yo creo que lo responsable por parte del Ejecutivo y del resto de los poderes públicos es reconocer la gravedad de la situación de los derechos humanos y tratar de generar una agenda consensuada con la sociedad civil que pueda dar avances en esta materia.

—Usted ha advertido, vía redes sociales, que la frustración y la rabia de la población no debe enfrentarse con represión. ¿De qué manera debe enfrentarse?

—El debate político está bastante divorciado de la realidad de la gente. Cuando uno oye que dicen que pueden alimentar tres países con la cantidad de comida que llega al país y uno sabe que la gente está en las colas, que la gente está desesperada consiguiendo medicinas, alimentos, que no hay anticonvulsivos, que no hay gasa, que no hay leche para los niños, cuando a uno le niegan la realidad siendo una gente del poder, bueno, lo que están es sembrando más rabia, más frustración. Creo que en ese sentido, las cosas no van por buen camino. Si no se pone un poquito de oído en lo que pasa en la gente de a pie.

—¿La molestia del país se podría decir que ya es generalizada?

—Creo que las mediciones coinciden y la opinión pública en que hay una molestia bastante amplia en el país. Nosotros no medimos opinión pública pero creo que la medición de opinión pública, con estadísticas es una ciencia y quienes lo vienen haciendo lo vienen demostrando. Creo que negarlo, lo que hace es profundizar aun más esa situación.

—¿Tienen razón quienes califican como una crisis humanitaria la carencia de alimentos y medicamentos en el país?

—Obviamente para eso hay que mirar el número de gente que no tiene acceso de manera fácil a esos alimentos y a esas medicinas. Y si eso es más de la mitad de la población, que en Venezuela es más o menos eso o más, porque los niveles de escasez llegan al 80 por ciento en algunos rubros, nacional. pues obviamente estamos hablando de crisis humanitaria y eso tiene que ser atendido con el auxilio y la cooperación internacional. Ha pasado en muchos países del mundo y la cooperación internacional puede funcionar. Esta cooperación internacional tiene que estar dirigida, desde la perspectiva de Cofavic, por aquellas organizaciones que tienen estructura como la Iglesia, Fe y Alegría, el servicio jesuita de refugiados y no los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que apartarse de esas funciones porque eso se convierte entonces en proselitismo político.

—Usted ha sido crítica del “ensordecedor silencio de la OEA” en relación con los derechos humanos en Venezuela, incluso llegó a decir que “chequera mata principios”. ¿Considera que con la gestión de Almagro es un capítulo pasado en ese organismo?

—Yo creo que el señor Almagro logró situar a la OEA en el eje de sus funciones para discutir un asunto que es de relevancia. El problema de Venezuela no es la OEA, el problema de Venezuela son los derechos humanos. Tanto la Organización de las Naciones Unidas como la OEA coinciden en que hay una situación muy agudizada negativamente en materia de derechos humanos.

—¿Que diferencia hay entre la cuarta y quinta República en materia de derechos humanos?

Yo no creo que se puedan establecer esos parámetros. Todas las víctimas merecen justicia. Ahora en Venezuela tenemos una destrucción de los espacios democráticos de manera progresiva. En Venezuela hay una percepción de los defensores de los derechos humanos, en Venezuela hay una polarización en la aplicación de la justicia. Se usa la justicia como una herramienta de venganza política. El asunto no es escudarse en el pasado y en el presente, sino atender el presente. Se lo digo yo que denuncié los casos del Caracazo teniendo al presidente (Carlos Andrés) Pérez en Mira ores. El asunto es que hoy día quienes se atreven a denunciar casos de derechos humanos o ser una voz disidente, son perseguidos, son linchados moralmente por las redes sociales, por la televisión pública. Es decir, acá hay campaña de criminalización y hostigamiento para quienes piensan de manera distinta. Obviamente es un tema que hay que destacar como preocupante. Acá hay una cosa que han creado, una comisión de la verdad para unas víctimas de la cuarta República, que por cierto no tiene ningún culpable. Usted sabe que no hay nadie preso por el caso del Caracazo en Venezuela. Una vergüenza para el Gobierno nacional y para el país.

 

 

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