Claves de las 79 liberaciones de actores políticos, según oficialismo
En búsqueda de profundizar el diálogo y abrir paso a la reconciliación nacional, el viernes 1º de junio se inició el proceso de otorgamiento de beneficios procesales a privados de libertadvinculados a hechos de violencia política.
La iniciativa, que partió de una solicitud elevada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), se materializó a través de resoluciones emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras gestiones realizadas a través de la Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública.
A raíz de ello, 79 personas recibieron medidas sustitutivas. La cifra, anunciada por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, aumentará en los próximos días, cuando se abordará a nuevos grupos de ciudadanos incursos en las acciones sediciosas ocurridas entre 2013 y 2018.
La concesión de beneficios procesales forma parte de un proceso de renovación política, enmarcado en las seis líneas de acción de la gestión gubernamental para el período 2019-2025. De igual modo, representa "un intento firme, sólido, para el reencuentro y la reconciliación de los venezolanos y para decir 'No' a la violencia", afirmó el Jefe de Estado.
A continuación, se presentan las claves del otorgamiento de beneficios procesales:
- De acuerdo con la Sala Constitucional del TSJ, un beneficio procesal es aquella disposición legal que produce una modificación favorable a la situación actual bajo la cual se encuentra una persona sometida a un proceso penal.
Es decir, son disposiciones o reglamentos legales destinados a mejorar la condición actual de un imputado (acusado).
- Las medidas sustitutivas serán aplicadas a personas procesadas por su participación en acciones de violencia política. Sin embargo, no se incluyen aquellos que estén incursos en delitos de homicidio o agentes del Estado bajo proceso judicial por la presunta comisión de agresiones contra ciudadanos.
- Los beneficios procesales, otorgados a través de tribunales ordinarios y militares, contemplan modalidades que se aplicar según las condiciones de cada caso. Van desde libertades plenas, medidas cautelares de presentación, prohibición de salida del país hasta fórmulas alternativas de cumplimiento de pena.
- Entre los favorecidos por las medidas judiciales, se encuentran: Daniel Ceballos, exalcalde del municipio San Cristóbal, en el estado Táchira, procesado por la presunta comisión de los delitos de rebelión y agavillamiento, quien recibió una medida cautelar de presentación cada 30 días, prohibición de salida del país y de declaraciones a medios de comunicación y redes sociales.
El G/B Ángel Vivas, detenido por incitar a la violencia durante las acciones sediciosas del año 2014, también recibió medidas sustitutivas. No obstante, en su caso, será la justicia militar la que determine el beneficio procesal correspondiente.
Otros de los beneficiarios son: Gilber Caro, acusado por los delitos de traición a la Patria y sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), y Renzo Prieto, detenido por los delitos de obstrucción contra la seguridad en la vía pública en grado de complicidad, asociación para delinquir y fabricación ilícita de armas en la modalidad de explosivos en grado de complicidad.
De igual modo, los dirigentes Raúl Emilio Baduel y Wilmer Azuaje, así como José Vicente García, concejal por VP en San Cristóbal, estado Táchira.
- A la par del TSJ y la Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, en las gestiones para el proceso de otorgamiento de beneficios procesales participan dirigentes políticos de oposición, quienes se desempeñan como garantes de la aplicación de medidas.
Este grupo está conformado por: Pedro Pablo Fernández, dirigente de Copei; Javier Bertucci, excandidato presidencial; y los gobernadores Ramón Guevara, del estado Mérida; Antonio Barreto Sira, de Anzoátegui; Alfredo Díaz, de Nueva Esparta, y Laidy Gómez, del estado Táchira.
- Los receptores de los beneficios procesales deberán comprometerse a no reincidir en la violencia, apartándose de los caminos que llevan al odio y la intolerancia. En este sentido, el exhorto gubernamental apunta al diálogo como un mecanismo para dirimir las diferencias por las vías pacíficas y democráticas.
- El objetivo del otorgamiento de medidas sustitutivas de libertad busca fortalecer el proceso de paz y de reconciliación entre los sectores sociales, políticos y económicos de la nación.
