CIDH pide respetar derechos al aplicar seguridad en Venezuela
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió este martes a los Gobiernos de El Salvador y Venezuela que respeten los derechos humanos en las operaciones de seguridad en marcha para frenar la creciente violencia en ambos países.
La CIDH, con sede en Washington, abrió la semana de audiencias públicas de su primer periodo de sesiones de este año con casos de El Salvador, Venezuela, Ecuador, Puerto Rico, Estados Unidos, Paraguay y Costa Rica.
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el Estado salvadoreño haya recurrido a medidas "represivas y populistas" para afrontar la crisis de seguridad y el aumento de la violencia en el país.
La seguridad ciudadana centró también una de las cuatro audiencias que la Comisión dedicó a Venezuela, uno de los países más críticos con la CIDH pero que, a diferencia de Ecuador, siempre asiste e incluso promueve sesiones para defender que respeta los derechos humanos.
El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, Larry Devoe, aseguró que el Gobierno analizará si se han cometido violaciones de derechos humanos en el marco de la Operación Liberación del Pueblo (OLP) y, de haberlas, las llevará ante la Justicia.
"Esta operación busca devolver la paz a esos territorios, vamos a revisar los casos y si se ha cometido una violación de derechos humanos los responsables serán sometidos a la Justicia", afirmó Devoe.
Esta audiencia la pidieron las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Provea para denunciar casos de detenciones arbitrarias masivas, desalojos forzosos y al menos 20 presuntas ejecuciones extrajudiciales en el marco de redadas policiales y militares en comunidades pobres y de inmigrantes en Venezuela.
En un informe conjunto, HRW y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) afirmaron que los abusos se cometieron durante la Operación Liberación del Pueblo (OLP), iniciada en 2015 y por la que se ha desplegado un gran número de policías y militares en zonas consideradas "violentas".
Las audiencias de Venezuela llevaron a Washington temas de máxima actualidad en el país como la Ley de Amnistía aprobada por la mayoría opositora en el Parlamento, que Devoe considera "una grave amenaza a los derechos humanos".
En su opinión, la ley pretende dar "impunidad a una amplia gama de delitos" cometidos desde 1999 hasta su eventual entrada en vigor, e incluye "hechos tan graves" como el uso de niños y adolescentes en la comisión de delitos, el tráfico de drogas, el terrorismo y la corrupción.
En otra audiencia, el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Bernardo Álvarez, cargó también contra la oposición al considerar que es "irresponsable" hablar de que hay una crisis humanitaria en su país y señaló que hay naciones del continente en una situación "muchísimo más grave".
