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CIDH declara responsable al Estado venezolano por torturas contra Linda Loaiza

El 27 de marzo de 2001, López Soto, con solo 18 años, fue secuestrada por un particular, quien la mantuvo privada de libertad durante casi cuatro meses. Durante todo ese tiempo, sufrió de violaciones y agresiones físicas que desfiguraron su rostro

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) declaró este viernes al Estado venezolano como responsable por los hechos de tortura y violencia sexual sufridos por Linda Loaiza López Soto en el 2001.

La instancia internacional ordenó al gobierno de Nicolás Maduro pagar a Linda un montón de indemnizaciones compensatorias, que se presentan a continuación:

45.000 dólares por gastos incurridos con motivo de los daños emergentes

20.000 dólares por pérdida de ingresos

80.000 dólares por daño inmaterial

30.000 dólares al padre, a la madre y a una hermana de Linda Loaiza

15.000 dólares a cada uno de los otros 9 hermanos de Linda Loaiza

18.000 dólares al abogado Juan Bernardo Delgado

25.000 dólares al Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic)

Además, el Estado tendrá que reintegrar 7.310,33 dólares al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la CIDH por la asistencia económica brindada a Linda Loaiza, su familia y equipo para asistir a las audiencias de la Corte.

Las autoridades deberán efectuar el pago de las indemnizaciones a Linda Loaiza y las demás personas y organizaciones dentro del plazo de un año, establece la sentencia. Además, se le exhortó a publicar el reglamento correspondiente de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y poner en funcionamiento adecuadamente los Tribunales de Violencia contra la Mujer en el país.

También ordenó al Estado venezolano determinar las responsabilidades de los funcionarios que no investigaron desde un primer momento lo sucedido a Linda Loaiza, y de los responsables por las irregularidades y dilaciones injustificadas en la investigación y el juicio.

El 27 de marzo de 2001, López Soto, con solo 18 años, fue secuestrada por un particular, quien la mantuvo privada de libertad durante casi cuatro meses, hasta el 19 de julio de 2001, día en el que fue rescatada por personal policial y del cuerpo de bomberos.

Durante ese tiempo fue sometida de manera continua a diversos actos de violencia física, verbal, psicológica y sexual, incluyendo la ingesta forzada de alcohol, drogas y medicamentos, privación de alimentos, reiteradas violaciones vaginales, anales y con objetos, así como golpes que le provocaron traumatismos contusos y hematomas en el rostro, los pabellones auriculares, el tórax y el abdomen, fractura de la nariz y la mandíbula, entre otros.

Debido a las múltiples lesiones que presentaba luego de su rescate tuvo que pasar casi un año hospitalizada y someterse a 15 cirugías.

El Tribunal determinó que el Estado fue responsable por la reacción insuficiente y negligente de los funcionarios públicos que, al menos desde el 26 de mayo de 2001 (día en que la hermana de López Soto interpuso una denuncia ante la policía), tenían conocimiento del riesgo.

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