CEV defiende a curas señalados por Maduro de supuestos "delitos de odio"
La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) salió este martes defensa de los curas señalados por el presidente Nicolás Maduro de supuestamente incurrir en "delitos de odio" durante una homilía en la que se habló sobre la corrupción en el país caribeño.
El obispo de San Felipe (centro-oeste), Victor Hugo Basabe, pidió este domingo a la Divina Pastora librar a Venezuela de "la peste" de la corrupción política que, dijo, llevó al país "a la ruina moral, económica y social" tras la procesión con la que se celebró en Santa Rosa (centro) el 162 aniversario de su aparición.
Maduro consideró que estas palabras "pretenden generar enfrentamiento entre los venezolanos: violencia, muerte, exclusión y persecución" y demuestran la "maledicencia" de los jerarcas católicos, "su maldad, su veneno, su odio, su perversidad".
Por ello, la CEV salió en defensa de Basabe y del religioso Antonio López, al considerar que el Gobierno los aludió, y tergiversó "el mensaje dado por los obispos (...) con el objetivo de hacer ver que los obispos incurren en delitos".
"La verdad de lo que sucede en el país, ha quedado evidenciado en las homilías pronunciadas ese día. El aval de esto lo han confirmado los miles de feligreses presentes en la misa en la Avenida Venezuela, que con sus gestos certificaban lo que escuchaban", reza el escrito de la institución católica.
La Conferencia denunció también que el chavismo pretende usar la Ley Contra el Odio, aprobada por la oficialista Asamblea Constituyente, "para aplicarla y criminalizar a todo aquel que le cause malestar al Gobierno y sus postulados".
Los obispos venezolanos subrayan que se mantendrán unidos y expresaron su solidaridad con los religiosos señalados por el Ejecutivo, a quienes les aseguraron que podrán contar "con toda la Iglesia que peregrina en Venezuela ante cualquier acción que ponga en peligro su integridad de vida y su libertad de pensamiento y de acción".
Maduro ha emplazado al fiscal general, al defensor del pueblo, al contralor general y al presidente del Tribunal Supremo a atender el tema.
