El diario plural del Zulia

Cerco de las sanciones se estrechan, pero gobiernos no muestran pruebas

Los recientes señalamientos de ambos países contra funcionarios venezolanos “dolieron” más que otros anunciados por Estados Unidos y Canadá, asegura el internacionalista Félix Arellano

Las sanciones financieras anunciadas por Suiza y Panamá a funcionarios del Gobierno venezolano generaron una inmediata reacción de altos dirigentes que acompañan en su gestión al presidente Nicolás Maduro, lo que a juicio de especialistas en  materia internacional “dolieron” más que las anunciadas hace poco por otros países.

Para la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela; del fiscal general de la República, Tarek William Saab y del abogado y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, Hermánn Escarrá, se trata de “un
ataque directo  a la gobernabilidad del país, al Estado y estructura democrática venezolana”.

Luis Alberto Buttó, profesor universitario, jefe del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar (USB), experto en seguridad y defensa, considera que “las sanciones son individuales, son penalidades que tienen nombre y apellido y no involucran al país, sino a las personas que tienen que dar respuesta sobre ellas. Es una manera exagerada de plantear el asunto. Es una manera equivocada y
tendenciosa de presentarlo”, asegura.

Considera que si esas acusaciones “originan algún desprestigio, las causan en las personas que están señaladas. No es un problema del Estado, sino  de los que han sido señalados que tienen que dar
respuesta”, reitera.

En su opinión, si una nación “toma una decisión en ese sentido, tiene que tener algún tipo de basamento sobre el cual tomarla. Es irresponsable pensar que se decide al voleo, se sobreentiende que debe
tener algún basamento. Si estos gobiernos hicieron esos señalamientos, tienen la obligación de demostrar en qué se basan para ese señalamiento”.

A Félix Arellano, profesor asociado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y coordinador del Área de Relaciones Internacionales y Globales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV,
le llama la atención que los señalamientos suizos y panameños “dolieron más que los anunciados por Canadá y Estados Unidos”.

“La reacción no había sido tan agresiva, con tantos argumentos absurdos, pareciera que en esta, en particular, sí les afecta más, por las declaraciones que están emitiendo. Son dirigidas a individuos con
nombre y apellido, no es a la nación, no es al Estado venezolano, no es a la sociedad venezolana, no es al pueblo venezolano”, coincide con Buttó.

Opina que las imputaciones tienen su fundamento. “Suiza tiene dos años investigando, ¿no será un tiempo suficiente? O ¿hay que vivir los lapsos procesales del Estado venezolano donde nunca se enjuicia, donde
no hay debido proceso, donde no hay jueces titulares? ¿Qué es lo que hay que hacer? Habría que preguntarles a ellos que son la República, que son la democracia, que son el país”.

De acuerdo con Escarrá, Suiza y Panamá “buscan dar un golpe caliente, lento y causarle desprestigio al gobierno del presidente Nicolás Maduro”.

Varela pide al Gobierno de Panamá que sea publicada la lista completa de los bienes y cuentas bancarias de los venezolanos que residen en ese país centroamericano, aseguró que "quienes tienen bienes y
fortunas pertenecen a la oposición venezolana".

“Yo exijo que esas listas sean publicadas, sería interesante verle la cara a Luisa (Ortega Díaz), (Julio) Borges”, escribió Varela en Twitter.

Saab aseguró que son “noticias falsas” y constituyen “patrañas” que, a su juicio, “nadie cree”. Afirmó no poseer cuentas bancarias fuera de Venezuela. "Muestren las supuestas cuentas que yo tengo, porque yo
tengo una cuenta es en el Banco Venezuela que todos pueden ver, una cuenta nómina".

Las listas de Suiza y Panamá

El 28 de marzo el Gobierno de Suiza prohibió la entrada al país de siete funcionarios venezolanos, basada en la línea de sanciones aplicadas por la Unión Europea. En la lista se encuentran Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz; Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE); Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); Antonio Benavides Torres y Tarek William Saab, fiscal general de la República.

Suiza congeló los activos y emitió prohibiciones de entrada y tránsito para las personas físicas, empresas y organizaciones incluidas en la lista.

Un día antes el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá publicó la resolución número 02-2018, con fecha del 27 de marzo, en la que se emite una advertencia a todas las instituciones públicas y privadas
del país centroamericano, para limitar operaciones económicas y financieras a la “listas de personas (naturales o jurídicas) provenientes de la República Bolivariana de Venezuela consideradas de
alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva“.

En la resolución panameña además del presidente Nicolás Maduro, figuran el presidente del TSJ, Maikel José Moreno, y el fiscal designado, Tarek William Saab; la presidenta del CNE, Tibisay Lucena;
la rectora principal Socorro Hernández, el jefe del Gobierno del Distrito Capital y excomandante de la Guardia Nacional, Antonio José Benavides Torres, además de figuras como Adán Chávez, hermano de
fallecido presidente Hugo Chávez y el jefe del PSUV, Diosdado Cabello.

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