¿Celada en contra de la inmunidad parlamentaria?

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Él consiguió mayor respaldo dentro de quienes lo admiraban y mucho más repudio de sus detractores, tras firmar la ratificación de la sentencia impuesta a Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular, quien fue condenado a 13 años, 9 meses y 7 días de cárcel por los sucesos del 12 de febrero de 2014.

En su condición de presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el hoy presidente de la máxima magistratura judicial, grabó su rúbrica en lo que la comunidad política nacional e internacional señala como un acto de injusticia, violación de la libertad de expresión y una grave falta a los derechos humanos. Maikel José Moreno Pérez, fue designado el viernes 24 de febrero, como el nuevo presidente del TSJ en sustitución de Gladys Gutiérrez.

Para Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la antigua Corte Suprema de Justicia (CSJ), el nuevo titular del máximo ente judicial no cumple con los requisitos de “honorabilidad” y “buena reputación”, a su juicio y consideración, quien ocupe el puesto debe estar libre de cargos legales. “Si yo tengo un juicio pendiente por homicidio y nunca he aclarado en qué quedó eso, no puedo pretender impartir justicia. Por otra parte, no se sabe bien cuál fue su comportamiento cuando era fiscal del Ministerio Público, cuál fue el manejo que tuvo de las causas que se le entregaron. El perfil de Moreno no encaja desde el punto de vista de su hoja de vida pública, y tampoco por tener reconocida honorabilidad ni buena reputación”. En coincidencia con la expresidenta de la antigua CSJ, Carlos Raúl Hernández, PHD y Magister en ciencias políticas, califica de “terrible” para Venezuela que varios medios de comunicación hayan reseñado que el nuevo presidente del TSJ estuvo preso por homicidio. “Es sumamente grave para la imagen internacional de Venezuela”, dijo y añadió que, el propósito de Moreno es allanar la inmunidad parlamentaria a Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional (AN) y a Henry Ramos Allup, diputado y expresidente de la AN.

Bajo la misma óptica, Segio Urdaneta, abogado constitucionalista, expresa que la nueva autoridad del TSJ posee “antecedentes de dudosa transparencia y de dudosa honestidad”, además, alega con firmeza que el jurista fue puesto por el Gobierno como “guardián” de los intereses del Gobierno, subraya que la estrategia es para darle “apariencia de legalidad” a las decisiones que se tomen desde el Poder Judicial.

Partidismo e ilegalidad

Los especialistas cuestionan la imparcialidad que posee el recién designado presidente del TSJ, de hecho, lo definen como militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aseguran también, que el Estado no cumple con la Constitución pero sí obedece a la voluntad de Nicolás Maduro, Presidente de la República.

Hernández manifiesta que Moreno es militante del oficialismo y que el TSJ no imparte justicia, destaca que, la institución es una “comisión jurídica del PSUV”, de la mano de esta acusación. Cecilia Sosa añade una denuncia que dentro de su análisis fue el inicio de la “destrucción” de la democracia venezolana. Sosa responsabiliza a Gladys Gutiérrez, expresidenta del TSJ como la culpable de haber acabado con la democracia. Hizo énfasis en que la salida de la magistrada se debe al caos que existe en la justicia nacional. En medio de lo que él ve como un “acto desesperado”, Urdaneta supone que como “arrebatón final” el Gobierno pudiera cerrar la AN, antes de que por cualquier vía legal el poder legislativo ponga en riesgo la permanencia del mandato de Nicolás Maduro.

En opinión de Julio Montoya, diputado a la AN, esta designación rati ca el control del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, prescindiendo de toda su autonomía. “Si Moreno se atreve a allanar inmunidades parlamentarias será dentro del marco de un golpe de Estado porque la Constitución establece que el TSJ solicita a la AN el levantamiento de la inmunidad y esta debe ser aprobada por mayoría calificada, si sucede por otra vía será un golpe de Estado continuado por parte del TSJ”.

Urdaneta, abogado constitucionalista, repite sin cesar que el Gobierno revolucionario llegó para quedarse. Mantiene la firme certeza de que los cambios en el TSJ son parte de un plan que el Ejecutivo tiene para conservar el poder. Recordó el nombramiento de Tareck El Aissami como vicepresidente de la República y explicó que existe una dictadura simulada que no respeta la voluntad del pueblo. “El TSJ se ha convertido en un instrumento para darle apariencia de legalidad a la dictadura, y Moreno llegó para continuar con ese trabajo”.