El diario plural del Zulia

Cabello: Declaración de Quito "da asco y vergüenza"

El constituyente consideró que la Declaración busca “matar” a los organismos de la alianza latinoamericana como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, criticó este martes la Declaración de Quito, donde 11 países de la región acordaron recibir a venezolanos con documentos de identidad vencidos.

Durante su intervención en sesión del organismo, Cabello expresó que el documento firmado por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, "se les va revertir" y aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro desmontará la “campaña mediática” que exhibe la migración de venezolanos.

"Esa declaración de ese grupo de asco y de vergüenza se les va a revertir (...) Estos países no tienen derecho para referirse a los asuntos de la Patria de Bolívar, principalmente de Brasil y Colombia, no pueden hacerlo", dijo.

El constituyente consideró que la Declaración busca “matar” a los organismos de la alianza latinoamericana como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

"Ahora quieren revivir a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que no es más que la unión de países andinos serviles al imperialismo, y matar a la Unasur, a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba)", señaló Cabello.

Ayer, 11 países miembros del Grupo de Lima decidieron abrir sus puertas a los venezolanos que huyen de la crisis de Venezuela y recibirlos con documentos vencidos, dependiendo de las reformas migratorias de cada nación.

“Cédulas de identidad, pasaportes, partidas de nacimiento, partidas de matrimonio y certificados de antecedentes penales, así como de las apostillas y legalizaciones que fueran requeridas por sus ciudadanos en vista de que la carencia de tales documentos ha generado: limitaciones al derecho a la libre circulación y movilidad; dificultades en los procedimientos migratorios; impedimentos a la circulación extra regional; afectaciones a la inserción social y económica en los países de acogida; y, por el contrario, ha incentivado la migración irregular”, reza el documento.

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