Bloqueo a la Amnistía reforzará el referendo

“Esa ley no pasa por la Presidencia, mi único dictamen es justicia”, dijo el presidente Maduro el pasado 27 de febrero con respecto a la Ley de Amnistía, lo que hace pensar que aunque el poder legislativo cumpla sancionar la ley, la misma será encarcelada por el Ejecutivo en alianza con el Judicial.

Finalizada la Semana Santa, el hemiciclo promete sancionar la Ley de Amnistía, la cual fue aprobada en primera discusión el pasado 4 de febrero, fue revisada por la Comisión Permanente de Política Exterior, incluso se sometió a consulta pública.

El diputado Juan Pablo Guanipa, miembro de la comisión, explicó que aunque no hay día pautado, ya tienen todo listo para que se inicie la discusión artículo por artículo de la prometida norma y aprobarla.

“Hemos recibido muchas observaciones, muchas válidas y consideradas para el informe fi nal que va a presentar la Comisión de Políticas Internas”.

La Asamblea Nacional (AN) ha sancionado hasta hoy una ley, la que responde a la reforma a la norma del Banco Central de Venezuela (BCV), los plazos establecidos en la Constitución se han vencido y aún el Ejecutivo no ha emitido un juicio sobre el futuro de la propuesta. Del mismo modo, la AN ha llevado hasta primera discusión siete leyes, las cuales han sido criticadas y rechazadas en los discursos del presidente, ministros y diputados de oficialismo.

Esta falta de reconocimiento del Poder Legislativo la ha descrito la politóloga María Alexandra Semprún, como “la pronosticada guerra entre poderes”, lo que a su juicio va a arrojar la inconstitucionalidad de la amnistía y por consiguiente “va a ocasionar revueltas tanto en lo jurídico y lo internacional, eso va a ser noticia en todos las portadas de periódicos en el mundo, porque cuando se ganó la AN con esa mayoría, se esperaba una negociación, pero las posiciones están muy radicales, especialmente en el lado de Gobierno”.

La también especialista en Ciencias Políticas comentó que uno de los puntos fuertes en el discurso del Gobierno está el rechazo a la amnistía, “son unos asesinos, no le podemos dar rienda suelta a que salgan”, refería Semprún sobre el discurso del Gobierno, adelantándose a “un enfrentamiento”.

Promesa electoral

La abogada Flor Ávila recordó que la Ley de Amnistía fue una oferta electoral, “por ley de partidos el diputado está obligado a cumplir la oferta electoral. Los diputados consideraron la Ley de Amnistía porque sabemos que muchos líderes están encarcelados”.

Ante esta premisa el diputado Juan Pablo Guanipa respondió: “Nos comprometimos con el país entero de llevar adelante una Ley de Amnistía y reconciliación nacional, que permita que los presos políticos, exiliados, inhabilitados puedan regresar a Venezuela, salir de las cárceles y participar activamente en la vida pública. Nosotros tenemos un compromiso con ellos y por eso ya aprobamos la Ley de Amnistía en primera discusión”.

Impulsan referendo

“En todo caso, pase lo que pase, seguimos adelante, si el TSJ impide que entre en vigencia, ratifi ca lo que hemos dicho, que el TSJ está integrado por magistrados que lo que están formando es un prontuario y, de ser así, será una razón adicional para que sigamos trabajando en el revocatorio del mandato de Nicolás Maduro”, decía el parlamentario.

Guanipa lamentó que el TSJ “no asuma la justicia con el equilibrio, transparencia, autonomía, independencia con la que habla la constitución (...) Yo creo que todos estos errores que sigan cometiendo la presidencia, el TSJ y otras instituciones, lo que hacen es reforzar el referendo revocatorio”, aseguró el diputado zuliano.

Eco internacional

Entre las características de un país democrático, la abogada Ávila explicó que existen cinco puntos importantes: La existencia de elecciones periódicas, separación de poderes, aplicación del principio de legalidad y garantía de Derechos Humanos (DD. HH.), este último punto, a juicio de Ávila, es del cual carece el Gobierno. “En Venezuela se evidencia una falta d e voluntad política de conciliar a la sociedad y de respetar los DD.HH. Situación que suma argumentos para aplicar la Carta Interamericana”, agregó la también defensora de los DD.HH.

Ávila aseguró que de seguir vulnerando los derechos, es muy probable que las instituciones internacionales pongan sus ojos en el país para demostrar que existe una política sistemática de violación de los DD. HH.

Entre algunas organizaciones destacan: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Provea, Fundación Debido Proceso (Fundepro), Observatorio Nacional de Prisiones, que pueden demostrar cómo un instrumento (inconstitucionalidad) se va a añadir a la negativa de una reconciliación nacional y de propiciar la paz internacional.

Por su parte, Juan Pablo Guanipa agregó que actualmente “hay diputados venezolanos de la MUD, en Uruguay en la reunión del Parlasur, hay diputados en Inglaterra reunidos con la Cámara de los Comunes, diputados en Sudáfrica, es decir, estamos recorriendo el mundo para hacer ver lo que está sucediendo en Venezuela”, dijo.

Además, la comisión designó a varios diputados para llevar la consulta a varios estados, resultados que se incorporarán en el informe que va a la segunda discusión. “Lo que viene después de esto es la deslegitimación de Maduro (...) El Gobierno de Maduro está deslegitimado nacional e internacional, y una negativa lo que hace es ratifi car lo que hemos dicho en todo el mundo”, ratificó.

Clamor

“La Ley de Amnistía no puede ser leída como un instrumento legislativo común, se trata de un documento de DD. HH., lo que pasa es que el Gobierno niega y difama, y dice que es una ley para liberar corruptos”, argumentó Ávila al momento de justificar la necesidad de una Amnistía.

“En el caso de Venezuela, la amnistía es una necesidad, es una obligación frente a los DD. HH., la amnistía para muchas víctimas se convierte en un derecho”, explicaba la abogada mientras veía con preocupación “un Ejecutivo y un poder judicial de espalda a los DD. HH., tenemos personas que son presos de conciencia, no han cometido delito, donde se les ha violado el derecho al debido proceso, derecho a la prueba, a estar en libertad”, decía sobre las personas que actualmente están en condiciones de aislamiento y tortura.

Invitó al Estado a aplicar instrumentos jurídicos a favor de los DD.HH. y la reconciliación del país.