Bachelet amplía su informe y denuncia que Maduro continúa las ejecuciones extrajudiciales
El Gobierno no ha evidenciado ninguna voluntad de atender la petición de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU de disolver la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional o de realizar otras acciones para prevenir ejecuciones extrajudiciales.
Así lo manifestó la alta comisionada Michelle Bachelet al presentar información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, donde dijo que su organismo "ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES en algunas zonas del país".
A este respecto, hizo referencia a información recibida de la ONG Monitor de Víctimas que identifica 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas solo en julio en Caracas.
Estos casos documentados revelan el mismo patrón identificado en mi informe de julio y demuestran la falta de mecanismos de protección efectiva para los testigos y familiares de las víctimas", denunció Bachelet.
Lamentó que el Gobierno, en lugar haberse decidido a disolver las FAES y prevenir que continúen las ejecuciones extrajudiciales, haya optado por reafirmar su apoyo a este cuerpo policial.
"Por el contrario, las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del Gobierno", denunció.
En su informe julio, había exigido a Maduro: "Disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas". Ahora, reclama que nada de eso se cumplió.
Torturas
La Oficina de la alta comisionada en Ginebra recibió del Ministerio Público información general que indica que, entre agosto de 2017 y mayo de 2019, 104 miembros de las fuerzas de seguridad fueron condenados por violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, todavía aguarda los detalles sobre los tipos de violación, a qué institución pertenecían los responsables y el perfil de las víctimas.
Mi Oficina documentó casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares", indicó.
En ese sentido, señaló que las condiciones de detención no cumplen con los estándares internacionales básicos y las personas detenidas no tienen acceso a atención médica adecuada. Por ello, solicitó tomar acciones para permitir acceso médico e investigar las violaciones a los derechos humanos, reseñó EFE.
Puntualmente, también recordó el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien fue detenido mientras ella visitaba el país y murió pocos días después bajo custodia, con signos de tortura. "Aliento a las autoridades a que investiguen las denuncias de tortura, castiguen a los responsables, reparen a las víctimas y adopten medidas para evitar su repetición", expresó.
Ataques contra indígenas
Asimismo, Bachelet dijo que es preocupante el aumento de la presencia militar en el territorio del pueblo indígena pemón (estado de Bolívar, fronterizo con Guyana y Brasil), la violencia que ha sufrido y el caso de miembros de éste y otros pueblos indígenas asentados en el territorio de Venezuela, supuestamente asesinados por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana.
La comunidad pemón ha sufrido además desplazamiento forzado con el fin de facilitar la extracción minera en su zona de residencia.
