Aporte Único generaría Bs. 65 mil millones

La “mala gestión” implementada en la ciudad desde hace nueve años obliga a las nuevas autoridades de la Alcaldía de Maracaibo a aplicar el Aporte Especial Único para el rescate de la capital zuliana, el cual exige a todas las personas naturales o jurídicas que realicen una actividad económica el pago del 1% de sus ingresos comerciales correspondientes al año fiscal de 2017.

El intendente municipal tributario, Jean Carlos Martínez, aseguró que las proyecciones que se calculan en base al comportamiento de los últimos trimestres es de Bs. 65 mil millones, cifra que permitiría desarrollar el plan de desechos sólidos, alumbrado y mejorar algunas vías públicas.

“La situación es extraordinaria, nunca antes había pasado que en nueve años se olvidaran de la ciudad. Maracaibo se ha convertido en una cárcel de noche, donde no se puede salir por la falta de transporte público, el alumbrado y la inseguridad, se necesita rescatarla, es un gran reto y por eso se necesita de una acción extraordinaria como es el decreto 002”, comentó.

Señaló que los contribuyentes más fuertes serán: el sector bancario, sector industrial, las licoreras, el sector hotelero y la industria de alimentos.

 Tres meses para el rescate

Las autoridades municipales estiman que luego de haber culminado el Aporte Especial Único (15 de enero hasta el 15 de marzo) en tres meses se estarán estabilizando los servicios de la ciudad para luego avanzar en una transformación estructural, como serán las modificaciones en las ordenanzas.

“Lo que se cobra en Maracaibo de impuestos es irrisorio con la realidad, la ordenanza de tasa de servicios públicos es muy baja comparada con todos los municipios, las ordenanzas están desfasadas y no se ajustan a la realidad. Estamos básicamente subsidiando la recolección de los desechos porque es muy bajo lo que se cobra y hay que mejorar esto para mantener los servicios”, agregó.

Este decreto ha generado controversia y rechazo de algunos concejales y empresarios por presuntamente “no cumplir las normas legales” y al considerarlo un pago extra de 2017.

Sobre esto, el intendente mencionó que se han establecido mesas de trabajo con los principales gremios empresariales, donde en un principio se habló de un aporte del 1 % del último trimestre, sin embargo, fue realizado un análisis de los costos y de la magnitud que implica resolver los problemas de hace nueve años, por lo que se decidió ajustar a todo el año.

“Cuando hacemos un análisis de los costos y de la magnitud que implica recoger la basura de nueve años, que no se resolvió el problema no alcanzaría el último trimestre, sería un acto formal para comprometernos y no resolver. Ya eso se ha conversado con el sector”, comentó.

Explicó que el decreto es de carácter de precio público por la naturaleza de lo que se realiza. “La recolección de la basura es un servicio que tiene un costo y ese precio se con gura para el contribuyente como precio público, además, no viola legalidad porque el precio público no está manejado ni por la Asamblea Nacional ni por la Cámara Municipal, sino por el Ejecutivo, así está establecido en el código orgánico tributario”.

A su juicio, se ha generado un debate que han pretendido enfrentarlo desde lo técnico y de manera partidista.

“Les hemos dicho que discutamos la realidad, porque los intereses partidistas muchas veces contaminan los intereses de la ciudad y hay concejales que lejos de discutir cómo afectan los desechos sólidos, pretenden discutir la forma jurídica, quieren hacer verlo como un impuesto y no lo es”, aclaró.

Martínez destacó que para el comercio informal habrá orientación en lo jurídico y económico para que se formalicen dentro del sector