Una gota de alegría en un mar de abusos, por Vladimir Villegas
En medio de tanto desaliento hay noticias buenas. El juez 43 de control del Área Metropolitana de Caracas, Jonattan Mustiola, ordenó la libertad de los 25 estudiantes detenidos la semana pasada en El Rosal. No habían sido imputados por la Fiscalía, por lo tanto se trató de una detención arbitraria y fuera de la ley, sin contar los abusos y atropellos a los cuales fueron sometidos.
La Defensoría del Pueblo también había recomendado la libertad de estos muchachos. Los estudiantes de la UCV, USB y la UCAB fueron aprehendidos por la PNB, los subieron a un camión cava y, como quedó evidenciado en diversos videos, dejaron entrar deliberadamente “gasesitos” lacrimógenos al vehículo y cerraron la puerta.
Una inexcusable brutalidad policial que no puede pasar por debajo de la mesa. No basta con que los jóvenes hayan sido puestos en libertad. Esos funcionarios deberían ser juzgados por tratos inhumanos, crueles y degradantes. Y, de paso, deberían hacerlos escuchar una y otra vez, a ellos y a quienes los mandan, la canción de Mercedes Sosa, “que vivan los estudiantes jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía”.
Pero la alegría por esas liberaciones no alcanza para poder decir que la justicia está prevaleciendo. Son centenares los detenidos. ¿Cómo afirmar semejante cosa cuando hay civiles siendo juzgados por tribunales militares, y cuando 18 estudiantes estuvieron varios días presos en la colonia móvil de El Dorado, lugar escogido en el pasado para que fueran a parar los peores delincuentes, y ahora sitio destinado a condenados? En la Venezuela de hoy, los pranes viven como reyes en las cárceles y El Dorado es el Castillo de Puerto Cabello del siglo XXI. Recordemos que en tiempos de la dictadura gomecista los estudiantes de la generación del 28 eran encarcelados en ese terrorífico castillo, torturados y “engrillados”.
Tampoco alcanza la alegría para compensar la indignación que causa la forma como los manifestantes detenidos son arrastrados, golpeados y hasta robados en público por uniformados. No hay mucho que agregar a lo que el propio Tarek William Saab sobre los abusos cometidos por integrantes de los cuerpos de seguridad. Y no hay mucho terreno para el optimismo en este campo.
Sobre todo cuando son condecorados, ascendidos y homenajeados actores materiales e intelectuales de esas violaciones que hoy sacuden la conciencia nacional, aunque algunas conciencias no se den por aludidas. ¿Cómo ser optimistas cuando un empujón y otras vejaciones contra el presidente del Parlamento son motivo de felicitaciones y son considerados como una hazaña que amerita los mayores honores? Es un tiempo duro, terrible, en materia de DD. HH. Lo deseable sería que, en medio de estas circunstancias, los titulares de la Defensoría y de la Fiscalía, cuyas competencias están definidas en la Constitución de 1999, dejaran de lado sus diferencias y, basándose en el principio de colaboración entre poderes, actuaran conjuntamente para poner a raya estas actuaciones inconstitucionales de los cuerpos de seguridad.
Seguramente es mucho pedir, pero es lo que la lógica indica en un país donde el abuso de poder se ha convertido en moneda corriente. Recordemos a los jóvenes asesinados. La mayoría de los autores de esos crímenes, que ya llegan a 80, siguen en libertad.
El papa Francisco dijo este fin de semana que reza por Venezuela, por que se encuentre una salida pací ca y democrática a la actual crisis. Y allí recordamos a Alí Primera: “No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz”. Entre ellas la justicia. La paz sin justicia es una quimera. La salida a este caos, a la represión, a la muerte, a la violencia, está en la Constitución. Mientras más nos alejamos de ella más cerca estamos del precipicio.
