Un retrato violento, por Alberto Barrera Tsyka
Luisa Ortega Díaz los tiene locos. Las respuestas del oficialismo solo han logrado demostrar, de manera rápida y bastante obvia, que las denuncias de la Fiscal son ciertas. Las reacciones del poder han sido tan importantes como las propias actuaciones y declaraciones del Ministerio Público. Ellos solitos, de forma instantánea, sin mediar ningún tipo de discernimiento, se han delatado, han hecho evidente que la democracia no les interesa, que no creen en la independencia de las instituciones, que su plan es quedarse en el Gobierno para siempre. El madurismo ha resultado el coctel político más letal de toda nuestra historia. Combina lo peor de nuestro presente con lo peor de nuestro pasado. No solo ejerce la violencia del Estado en todas las direcciones sino que, además, la premia, la glorifica.
De un día para otro, la Fiscal pasó a ser el enemigo público número 1 de los poderosos. Esa élite, esos privilegiados que pueden adquirir dólares baratos, que consiguen comida y medicinas, que tienen escoltas y pasaportes; esa minoría que ya no quiere contarse, ahora acaba de decretar que Luisa Ortega Díaz es “indigna”, “fascista”, “corrupta”, “traidora”, “jefa de la oposición” …. y que además está loca (“insania mental”, según Pedro Carreño), es cómplice de todo lo que ocurra (“anima la violencia”, según Jorge Rodríguez), y por lo tanto es responsable de todas los homicidios que se produzcan en las manifestaciones (según Tarek El Aissami). Casi todos los altos líderes de la casta se han pronunciado. Diosdado Cabello ya afirmó que “la Fiscalía no es un poder” y sugirió una purga futura, amenazando con “revisar” el Ministerio Público con detalle. “Uno a uno”.
Mientras en Telesur, una abogada constitucionalista, supuesta experta en el tema, afirma que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debería abrir una investigación por “falta de ética” en contra de la Fiscal, el oficialismo introduce en el mismo máximo tribunal una petición de antejuicio de mérito y la solicitud para prohibir la salida del país de Luisa Ortega Díaz. Si alguna persona, de dentro o de fuera, tenía alguna duda sobre cómo el madurismo ejerce el poder en Venezuela, la forma en cómo se ha actuado en contra de la Fiscal es una confesión contundente. Una prueba irrefutable de una legalidad secuestrada, de un sistema que no es confiable. Sin darse cuenta, la reacción de la dirigencia oficialista en contra de la Fiscal le ofrece al país un subtexto muy claro: toda la institucionalidad es una estafa.
La foto de Pedro Carreño frente a Mikel Moreno es un testimonio para la historia. Todo forma parte de una secuencia, filmada en video, retratada para su publicación. Es una puesta en escena.
En todas estas respuestas ante la actuación de la Fiscal General, se va conformando un argumento para rechazar más aún el proyecto de la Constituyente. Aquí están. Míralos. Escúchalos. Estos son los que pretenden cambiar el marco legal del país.
Tanto que mencionan a Chávez y, tal vez, ahora vale la pena recordarles estas palabras: “Hoy tenemos una gran concentración del poder porque unas cúpulas se fueron adueñando del poder judicial y del legislativo y lo manipulan y lo usan a su antojo. Y lo mismo ocurrió con la Fiscalía, con la Contraloría. En Venezuela lo que ha funcionado no es una democracia sino una tiranía de pequeñas cúpulas partidistas, sectores horrorosamente corrompidos que destrozaron a Venezuela”. Lo dijo en Cartagena, en mayo de 1999. Pero la frase calza perfectamente con el momento actual, con el gobierno de Nicolás Maduro. Con su proyecto constituyente. Podría ser la leyenda perfecta para la imagen de Carreño y Moreno. No es el registro de un acto legal. Todo lo contrario. Es en verdad una advertencia, una intimidación. Es un retrato violento. La legalidad como amenaza.
