Maracaibo, Venezuela -

Opinión

Un decreto para la acción, por Francisco Arias Cárdenas

miércoles 20/01/2016
12:02 PM
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El Decreto de Emergencia Económica, entregado a la Asamblea Nacional (AN) por el presidente Nicolás Maduro, tiene como fin proteger la calidad de vida de los ciudadanos y los avances en materia de inclusión y justicia social logrados a lo largo del Gobierno Bolivariano, ante la realidad de guerra económica y del desplome de los precios del petróleo en el mercado internacional, dos situaciones coyunturales vinculadas entre sí.

No se trata de una carta en blanco: es una medida imprescindible para instrumentar las acciones que permitan asignar recursos extraordinarios a proyectos destinados a optimizar la atención de los venezolanos en sectores como salud, educación, alimentos y viviendas, ejecutados a través de las Misiones y Grandes Misiones, y otros órganos del Poder Público.

Abarca también el decreto la aplicación de medidas especiales y de aplicación inmediata, para la reducción de la evasión fiscal, y para darle fluidez y agilidad a las contrataciones públicas de tal manera que se pueda responder oportunamente a necesidades de la ciudadanía, con énfasis en los requisitos para importaciones y nacionalización de mercancías y el tránsito de las mismas por puertos y aeropuertos.

Otro ámbito del efecto del decreto permitirá facilitar los trámites cambiarios del sector público y privado para garantizar las importaciones de bienes indispensables para el abastecimiento nacional.

Un aspecto fundamental es el referente al incentivo para optimizar los niveles de producción de empresas públicas, privadas y mixtas, así como el abastecimiento de diversos insumos a las industrias esenciales. Además, facilitará la adopción de medidas para estimular la inversión extranjera y la exportación de rubros no tradicionales.

La AN tiene el deber de atender un instrumento legal diseñado para responder a la demanda popular de solución a los problemas que realmente afectan a los ciudadanos. No hay tiempo para distracciones, y sí muchas posibilidades de avanzar en el camino de un país de justicia social, soberanía y progreso.

 

 

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