Todo era mentira, por Claudio Fermín
Cuando el gobierno de Chávez sustituyó al de Rafael Caldera, el nuevo Presidente aseguró haber logrado un gran cambio político no por el mero triunfo electoral, sino porque impulsaría en Venezuela una democracia participativa y protagónica.
Proclamaba que quedaba atrás la democracia representativa, que no bastaba con elegir concejales, alcaldes, diputados y gobernadores. Había que ir más allá. La voz del pueblo tenía que ser escuchada todos los días, no solo cada cinco años al momento de votar.
Fue así como la Asamblea Constituyente de 1999 decretó una nueva Constitución, en cuyo artículo 72 consagraba el derecho a revocar un mal gobernante. No había que esperar que un presidente inepto, corrupto, o negligente terminara su período. Si ya sabemos que una gestión lesiona al país, ¿para qué entonces permitir que continúe?
La lógica del referendo revocatorio era impecable y se presentó a los venezolanos ese mecanismo como una reivindicación, como un nuevo derecho político. El propio Hugo Chávez, promotor de la idea, se ufanaba de haberles dado a los electores más poder con el derecho a revocar.
El bienestar de los ciudadanos, decía, estará siempre por encima de una elección en la que el ganador no había estado
a la altura. Los votantes podían revocar a quien los había defraudado y les hacía daño con sus errores y su incapacidad para gobernar.
Esa oferta de dar más poder a los ciudadanos atrajo a millones de votantes, quienes respaldaron el proyecto de Constitución y se acercaron al chavismo como movimiento político porque daba importancia a la opinión del común. Se sintieron interpretados.
Hoy Venezuela está hundida en desabastecimiento de alimentos, medicinas, repuestos para automóviles, fertilizantes e insumos para la producción agropecuaria y de muchos otros bienes, acosada además por la inseguridad y los pésimos servicios públicos. Quienes creyeron que de verdad se podría revocar a un mal presidente están desconcertados.
Los dirigentes del Psuv han engañado al país. Y usan como piedra de tranca a las rectoras del Consejo Nacional Electoral, cuya principal función es organizar elecciones, pero se dedican realmente a obstruirlas. Por ese trabajo sucio cobran 500 mil bolívares mensuales en sueldos y primas. ¿Ahora entienden?
