Represión y criminalización de la protesta, por Manuel Ocando
En los momentos actuales el régimen utiliza la represión y la criminalización de las manifestaciones pacíficas con el fin de debilitarlas o desorganizarlas y de este modo evitar las marchas opositoras, que representan la manera mediante el cual el pueblo expresa su descontento, y demanda los cambios necesarios para salir de la crítica situación de miseria y empobrecimiento en el cual se encuentra sumergido. Este fenómeno se extiende en el todo el país y organizaciones sociales y civiles están denunciando, documentando y llamando la atención al resto de la sociedad y a los organismos internacionales que velan por el respeto de los derechos humanos. La criminalización de la protesta social no es más que la judicialización con la aplicación del código penal y los delitos y penas que el mismo contempla.
También hemos visto en los últimos días que ante las demandas legítimas de nuestro pueblo, el Gobierno desata una brutal represión sistemática contra la población haciendo uso indiscriminado e ilegal de la fuerza. Son especialmente desproporcionados los lanzamientos de bombas lacrimógenas dentro de instituciones hospitalarias, centros comerciales y conjuntos residenciales. Igualmente es una evidente atrocidad el lanzamiento de este tipo de bombas directo a la humanidad de las personas y el ataque con estos artefactos desde helicópteros por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, contraviniendo el artículo 68 de la Constitución, que prohíbe “el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas.
Estas protestas y manifestaciones son motivadas por la actual situación del país, la cual rebasa cualquier dimensión de carácter político-ideológico o partidista, conformando un cortejo sintomático que manifiesta el estado de salud en que se encuentra actualmente nuestra lesionada democracia. No existe nada más perturbador y torturante a la vista del Gobierno, y a la de todos sus seguidores, que el ver caminar pacíficamente con pasos decididos esta legión de valientes venezolanos, que marchan pidiendo sacar a su país de la opresión en que se encuentran, cuyo único gran reto es la recuperación de la democracia y la libertad.
Esta es una crisis innegable que impacta sin excepción a todas los habitantes del país, y que se expresa en hechos claros y sustentados como los son la de poseer la mayor inflación del mundo, los mayores índices de violencia criminal, el más grande desabastecimiento, la mayor carestía generalizada de alimentos y medicinas, y el uso indebido, irresponsable, de la fuerza en contra de la libertad de expresión y de manifestación, violando flagrantemente el artículo 57 de nuestra Constitución nacional.
Tenemos el compromiso moral, como hijos de Bolívar, de combatir a este Gobierno abyecto que desprecia los derechos humanos y hace que los ciudadanos vivan en condiciones indignas. En Venezuela como se ha expresado una y mil veces “no podemos invocar la ley, porque esta no existe, y solo nos queda por lo tanto la única opción de restituirla, invocando la fuerza moral y ciudadana de la legitimidad política.
