Referendo versus golpe, por Vladimir Villegas
La figura del referendo revocatorio es uno de los activos que hacen de la constitución de 1999 un instrumento que fortalece la democracia, la activa, la estimula, le da vigor. Es el mecanismo mediante el cual los ciudadanos podemos evaluar, negativa o positivamente, el desempeño de un gobernante nacional, regional o local, y de los representantes del pueblo ante la Asamblea Nacional, los consejos legislativos regionales y los concejos municipales.
Precisamente, el espíritu del constituyente no da lugar a dudas con respecto a lo que se buscaba. Que el pueblo tuviera la oportunidad de decidir a mitad de periodo si un gobierno debe irse o debe quedarse para culminar el mandato para el cual fue electo. Eso es democracia pura y dura. Por lo tanto, es saludable que los ciudadanos puedan ejercer el derecho a revocar o a ratificar a los electos. Nada más participativo y protagónico que esto. Por lo tanto, el referendo revocatorio no tiene nada que ver con golpe de Estado o conspiración perversa para derrocar a un gobierno. Es precisamente todo lo contrario. El golpe o la conspiración marchan al margen, y casi siempre en contra, de la voluntad popular. No dependen de ella. El referendo revocatorio depende precisamente de lo que quiera la mayoría.
La iniciativa de la Mesa de la Unidad Democrática de promover la recolección de firmas para iniciar la ruta del referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro va en sintonía con lo establecido en la Constitución Nacional de 1999. A los partidarios del gobierno seguramente, y con todo derecho, no les simpatiza que la oposición active este mecanismo, pero en justicia jamás podrán alegar que ese paso es inconstitucional o antidemocrático. Qué bueno que la oposición opte por un mecanismo constitucional y no se vaya por atajos como las guarimbas o el “carmonazo”.
Pues bien, ante una actuación enmarcada en la Constitución la respuesta no puede ser la dilación, la maniobrilla para correr la arruga y tratar de dejar sin efecto el ejercicio de un derecho democrático. Si la Mesa de la Unidad Democrática recogió en un plazo de varios días una cantidad muy superior de las firmas requeridas para activar la primera etapa del largo camino al referendo, no hay razones, salvo aquellas que pudieran ser inconfesables, para postergar hasta un mes la revisión, verificación y ratificación de esas firmas. Creo que las autoridades electorales tienen hoy en sus manos la responsabilidad de actuar mas apegadas que nunca al mandato constitucional de favorecer la consulta a la voluntad del pueblo. Cualquier acción distinta contribuiría a generar una grave conflictividad social y política que puede resultar difícil de controlar.
Es muy peligroso jugar a cerrar los caminos que la propia Carta Magna establece. Una exquisitez burocrática no puede estar por encima del ejercicio de un derecho. Lo digo desde el respeto a todos y cada uno de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Sobre ustedes recae la responsabilidad de garantizar que una solicitud de tal envergadura, respaldada por gran cantidad de firmas a ser verificadas, no sea retardada indebidamente. Estamos en una hora critica del país que demanda mucho temple y verdadero compromiso democrático. Que sean revisadas rigurosamente las firmas, es lo que toca. Y le corresponde hacerlo al organismo electoral. Pero que el mismo rigor se aplique para evitar innecesarias e inconvenientes piedritas en el camino. La democracia se pone a prueba precisamente en momentos como estos.
En medio de las dificultades que tenemos, menos mal que existen mecanismos constitucionales para dirimir las diferencias políticas, y que esos mecanismos obligan a que todo pase por el soberano, sobre todo cuando se trata de decidir la continuidad o no de un gobierno. Nada que sustituya la voluntad de los ciudadanos o menoscabe su derecho a decidir puede ser bueno para el país. Tengamos eso presente.
