Presos en llamas, por Vladimir Villegas

El sistema penitenciario venezolano es una vergüenza nacional. No cabe duda de ello. Nuestras cárceles son antros donde la condición humana es lanzada por las cañerías. El Estado no ha cumplido con sus obligaciones constitucionales. Son varios los poderes que se han desentendido de sus responsabilidades.

La reciente tragedia ocurrida en la Comandancia de la Policía de Valencia, en la cual perdieron la vida alrededor de 70 detenidos, que fueron quemados de una manera despiadada y brutal, muestra la descomposición del sistema penitenciario y del sistema judicial. El hacinamiento demuestra en primer lugar que no se cumple la Carta Magna en cuanto al respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Tampoco se cumple el principio de la presunción de inocencia ni el  debido proceso.

A esto se le suma la corrupción. Los negocios intra carcelarios de los cuales son partícipes no solo los llamados planes y sus subalternos, sino también funcionarios policiales, civiles y militares que han visto en esas actividades criminales una jugosa fuente de ingresos. La impunidad es parte del juego. Y la venganza también. Cuando una de las partes no cumple con lo que le prometió a sus socios de fechorías entonces ocurren cosas como las que sucedieron en la

Comandancia de la Policía de Valencia. Decenas de personas fueron quemadas y circulan versiones de que algunos presos denunciaron que les querían arrojar gasolina, al parecer porque no se cumplieron los términos de algunos "acuerdos" entre presos y autoridades policiales.

Si en algún lugar se expresa el fracaso de este modelo político es en las cárceles. Las comandancias  y estaciones de policías están llenas de presos comunes porque la justicia no funciona. Ni jueces ni fiscales hacen su trabajo. El retardo procesal de ahora es infinitamente mayor que en los tiempos de la llamada cuarta República. Y la vida de cualquier preso está más devaluada que el bolívar

"fuerte". La palabra de un pran pesa mas que la de cualquier funcionario. Gobiernan las cárceles y desde ellas también hacen de las suyas con complicidad de funcionarios.

El gobierno se ha negado a cumplir con el artículo 272 de la Carta Magna, que establece la descentralización y privatización de las cárceles. Pero de hecho los recintos penitenciarios están privatizados pero por el hampa. Los planes cobran protección a los presos. Y también hay que pagar por traslados, por dejar pasar cualquier cosa y hasta por las llamadas pernoctas. Ya vimos que dos mujeres murieron en la Comandancia de Valencia. Y algún funcionario debe haber autorizado esa llamada pernocta.

Entonces ahora todos se dan golpes de pecho, y hablan de "atención integral" a los familiares de las víctimas, que no es otra cosa que pagarles el ataúd para enterrar a quienes murieron porque el Estado no cumplió su responsabilidad. ¿Cuántas quemazones más de presos tenemos que ver en esta sufrida Venezuela para que quienes deben ocuparse del tema penitenciario lo hagan de una vez por todas y dejen de andar distrayéndose de lo que realmente deberían ser sus obligaciones?

¿Qué hay de la vida de la Defensoría  del Pueblo? ¿Han dado alguna atención a los familiares? ¿Han recogido testimonios de los sobrevivientes de este nuevo holocausto carcelario? ¿Y los jueces que tienen en sus manos buena parte de la solución del retardo procesal están dispuestos a decir  algo que valga la pena escuchar? ¿Y la Fiscalía General cree que el mandado está hecho porque ya hay detenidos por lo ocurrido? ¿Y el carro de Drácula aparecerá para meterle los colmillos a la descomposición de la policía valenciana?

¿Y el Ministerio de Asuntos Penitenciarios seguirá sin darse por aludido, y repitiendo que tenemos un sistema penitenciario ejemplar?