ONU: “Se amplía la hambruna en Venezuela”, por Werner Gutiérrez Ferrer
Esta semana la agencia EFE informa de la participación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein en la 33° Sesión del Consejo de Derechos Humanos realizada en Suiza, en la cual informó que “en los dos últimos años el gobierno ha negado la entrada a Venezuela de los funcionarios de la ONU interesados en verificar directamente las denuncias de violación de derechos humanos”.
El alto comisionado afirmó que en Venezuela existe “un fuerte deterioro del disfrute de los derechos sociales y económicos, que cada vez amplía más la hambruna generalizada...”.
Hace ya más de un año de mi advertencia: “No es que no hay comida barata para el pueblo. La realidad es que no hay comida. O se reconduce el camino o vamos a pasar una hambruna tipo África”. Hubo quienes la calificaron de “exageración absurda”, incluso desde sectores académicos se intentó descalificar mi llamado a la reconducción de la política agroalimentaria. Hoy, un Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU confirma que en aquel momento fue completamente valida y oportuna nuestra participación.
El papel que debe cumplir el estado venezolano en su obligación de garantizarle el derecho a la alimentación al pueblo es de nido en el “Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, aprobado por la ONU en 1999, del cual Venezuela es firmante. El gobierno venezolano bajo el mandato Chávez–Maduro ha venido incumpliendo no solo lo establecido en este pacto, sino lo contemplado en nuestra constitución, vulnerando el derecho a la alimentación del venezolano cuando las misiones creadas bajo su gestión para garantizar el acceso a la población más necesitada de los alimentos además de mostrar ineficiencia en su gestión, se caracterizan por la politización y el tráfico de influencias en su proceder, y durante los últimos años han visto decrecer los fondos económicos para el cumplimiento de sus obligaciones. La bolsa de alimentos que venden los CLAP, solo han logrado beneficiar al 13.6 % de la población, mientras tanto, 23.3 millones de venezolanos realizan menos de tres comidas al día en sus hogares, y el estado solo invierte Bs. 15 por niño para su alimentación en las escuelas públicas.
Igualmente vulnera el gobierno el derecho a la alimentación del venezolano cuando la política económica aplicada ha generado profundas distorsiones macroeconómicas dejando al ciudadano desprotegido frente a la inflación y especulación de alimentos, viendo disminuir su poder adquisitivo. Hoy el 84 % de los venezolanos consultados declara que compra “mucho menos a menos” comida.
Vulnera también el gobierno el derecho a la alimentación del venezolano al aplicar un modelo agrícola–económico que impide a sectores productivos primario y secundario generar los alimentos que requiere el pueblo para su sustento. Cavidea registró una caída del 24,6 % en la producción de alimentos al comparar los resultados de julio 2016 y 2015.
