Contra el olvido, por Jesús Salom C

Con la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de América, el mundo se estremeció. El sistema político estadounidense no estaba dando respuestas efectivas a las necesidades de los ciudadanos y acentuaba las desigualdades, hasta que llegó un populista que encontró la conexión con esos descontentos y logró que se identificaran con su discurso. Exacerbó los miedos a continuar perdiendo calidad de vida y los derechos civiles, fomentó los odios y les prometió rescatar la grandeza norteamericana.

Con esos mismos argumentos se instaló en Venezuela el Socialismo del siglo XXI. El odio y la violencia política dieron paso a una hegemonía partidista que hizo inservible la política como instrumento para la solución de problemas. Hoy, el país naufraga en medio de una tensión social que amenaza con la violencia y el derramamiento de sangre si no se da respuesta urgente a las demandas de la población.

Ante la reafirmación de la MUD como una fuerza política civil, mayoritaria, pacífica y democrática, a regañadientes el Gobierno reconoció la necesidad del diálogo político con la oposición con el fin de establecer acuerdos para la estabilidad institucional y la búsqueda de solución a las urgencias de la ciudadanía. No pocos obstáculos presenta el joven inicio de ese instrumento civilizatorio, tanto por radicalismos como por la envergadura de la problemática que requiere de voluntad política y una perspectiva multidisciplinar para dar una respuesta articulada y armónica a la problemática.

Las universidades, a tenor de una disposición constitucional y la Ley de Universidades, están llamadas a hacerse participes de los factores de la sociedad civil que deben involucrarse en esa búsqueda frenética de soluciones. Las superiores casas de estudio han sido timoratas en ofrecer sus capacidades y especificidades, aunque tampoco han sido convocadas, para esa ardua y difícil tarea.

Sin embargo, cada universidad tiene la responsabilidad de conformar equipos multidisciplinarios de su capital humano para hacer un estudio de la compleja realidad que vive la población, con el fin de ofrecer a los dialogantes una nueva perspectiva de la problemática y respuestas cónsonas que den lugar a efectivas políticas públicas que trasciendan el aquí y el ahora; así como la evaluación de su cumplimiento para hacer las correcciones a que hubiere lugar. Esa participación, aprobada por el Consejo Universitario, es la reivindicación de la universidad que legitima ante la sociedad su rol orientador de la vida nacional.