Menos información... menos democracia, por Vladimir Villegas
La libertad de expresión, el derecho a informar y a la información veraz, oportuna y plural son conquistas de la humanidad. No son regalías del poder. Están asociadas indisolublemente a la democracia, a la vigencia plena del Estado de Derecho y de justicia.
No son ni “caprichos burgueses” ni “maniobras del imperio” para tratar de socavar las bases de buenos gobiernos, aunque en algún momento se puedan utilizar estos valores con fines inconfesables.
Cuando militaba en La Causa R le escuché decir muchas veces al negro Aristóbulo —sería una ridiculez llamarlo afrodescendiente— que la democracia solamente es posible entre ciudadanos igualmente informados. Esa frase es sencillamente esclarecedora con respecto al rol que desempeña la información en una sociedad. La relación entre la democracia y la información no da lugar a dudas. Mientras menos tengamos de la segunda menos habrá de la primera. Lo demás es retórica, engañifas conceptuales.
En ese contexto, toda medida destinada a privar a los ciudadanos de fuentes de información y de medios de difusión que resulten incómodos para el poder, resultan retrocesos que tarde o temprano se traducirán en perjuicios para los intereses de la sociedad. Obligar a que las cableras saquen de su parrilla a unos canales porque al Gobierno no le gusta el contenido es una forma de censura reñida con la Carta Magna de 1999, que para mí sigue teniendo plena vigencia, aunque sea en el papel. Utilizar el derecho de los venezolanos a ver y escuchar como instrumento de guerra diplomática es inaceptable. Cuando se bloquea a un canal colombiano se le arrebata un derecho al suscriptor venezolano. No es una medida “madura”. Ni mucho menos “santa”.
Lo mismo ocurre con el uso de las concesiones del espacio radioeléctrico. Se utilizan como instrumento de terror, chantaje y presión contra medios de comunicación social. El espectro radioeléctrico es un bien del Estado. No de una parcialidad política.
El otorgamiento o la revocatoria de licencias no puede ser un acto arbitrario decidido con fines absolutamente sectarios. Se te vence la concesión, no te la renuevo y te dejo correr. Pero ya sabes que si te pasas de la raya te sale operación tun tun comunicacional. Esa es la terrible realidad de hoy día.
Detrás de un mecanismo en apariencia administrativo se esconde el objetivo de podar la crítica, y mejor si se puede arrancarla de raíz. Según algunos numeritos que he visto, cerca del 80 por ciento de las emisoras tienen la concesión vencida. Es una decisión política.
Sin la 92.9 y sin Mágica 99.1 salen del aire voces críticas, programas dirigidos por periodistas que dicen lo que piensan. Y allí pierde la sociedad, además de los trabajadores y profesionales que queden en la calle. ¿Cumplieron o no esas emisoras con la ley? De no ser así, ¿qué fue lo que violaron o incumplieron? ¿Y esa velocidad del rayo con la cual le dieron las frecuencias a los nuevos titulares? No hace falta que respondan “Tú sabes cómo es todo”... Lo menos que puedo hacer es sumarme a la condena de esas decisiones adoptadas en teoría por el órgano rector de las telecomunicaciones. Y a la exigencia de que se revierta esa medida contra estas dos emisoras. Si un medio radioeléctrico cumple con los requisitos exigidos para la renovación, ¿cuáles son los criterios válidos para que no se extienda la habilitación, sobre todo con las posibilidades que se abren para incrementar la cantidad de frecuencias? Estamos hoy, más que nunca, en medio de una gran inseguridad jurídica. El debido proceso es tan escaso como la harina de maíz precocida o los medicamentos para la tiroides. Y en el caso de los medios, ya sabemos la aprehensión que el poder tiene frente a ellos. Y mucho más en el caso de Venezuela, donde se ha querido imponer como política la llamada hegemonía comunicacional.
