La urgente participación social, por Douglas Zabala
A raíz de los recientes hechos políticos ocurridos durante el último semestre del 2016, donde el gobierno terminó aplastando el Revocatorio y su iniciativa popular, expresada en las más de cuatro millones de firmas solicitantes, se ha originado un interesante debate en torno a la necesidad de colocar más el énfasis en la participación del ciudadano, en las luchas de carácter reivindicativas y sociales, que las emprendidas hasta ahora en el ámbito estrictamente político.
La participación ciudadana por sus derechos al trabajo, la salud y la alimentación, entre otros, siempre ha sido vista como un enemigo peligroso para los gobernantes y el poder absolutista del Estado; pero ya a finales del siglo XX y en el umbral del XXI, este accionar de la ciudadanía, ha comenzado a ser vista como el núcleo central del desarrollo y liberación de los pueblos.
En Venezuela, las experiencias participativas tienen cierta relevancia a partir del inicio de la instauración del régimen de democracia representativa, que conocerían los venezolanos después de 1958, y de forma muy particular, con la promulgación de la Constitución de 1961. Con el desarrollo de este ordenamiento jurídico y las iniciativas impulsadas por los partidos políticos, que acompañaron este proceso de cambio democrático, se incorporaron exitosas experiencias de ciudadanía activa.
Leyes como la Elección y Remoción de Gobernadores, Ley Orgánica de Descentralización, Ley del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Fides) y la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE), se inscribieron entre los esfuerzos normativos que buscaban dar repuesta al reclamo democrático de la población, que seguía excluida de la toma de decisiones en el marco de la administración pública, ya agotada a finales de la democracia representativa.
Con la llegada al poder en 1998 de Hugo Chávez Frías, se inicia el proceso Constituyente para elaborar una nueva Constitución, que incorporaría los mecanismos de la democracia participativa y protagónica del ciudadano en la toma de sus decisiones. La novísima Constitución Bolivariana, estableció entre sus principios que: “El Estado venezolano será federal, descentralizado, y con un sistema político, democrático y participativo”.
Este avance logrado por el Constituyente del noventa y nueve, hoy se ha transformado en letra muerta. El gobierno de Nicola Maduro, ha destrozado todas las posibilidades de acercar las estructuras del Estado a la población. Ha pisoteado todos los preceptos constitucionales, orientados al desarrollo de una sociedad democrática y pluralista, en un Estado de justicia, federal y descentralizado.
De allí, que lo más identificado con una nueva política, distinta y de cambio social, dentro y fuera de las organizaciones partidistas, en las instituciones del Estado y al margen de ellas, sea la participación activa del ciudadano. Para ello se hace urgente involucrarlos más en las luchas por sus derechos económicos, sociales y políticos.
