Maracaibo, Venezuela -

Opinión

La fractura de la democracia, por Manuel Ocando

martes 04/04/2017
3:43 AM
  • Manuel Ocando

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Si hay algo de positivo en el ilegal, despótico y arbitrario zarpazo que dio el Tribunal Supremo al quitarle los poderes legislativos a la Asamblea Nacional es que definitivamente se quitaron la máscara democrática con la cual el régimen ha pretendido engañar al pueblo de Venezuela y al mundo entero, por lo que desde ahora en adelante y sin aspavientos podemos denominar tiranía. Al mutilar a la Asamblea Nacional, el TSJ, controlado por el partido de Gobierno, corto de un solo tajo las escasas garantías democráticas existentes en el país y termino con la separación de poderes, atributo propio por excelencia de un Estado de derecho. Esto representa un despojo de funciones y quebranta los más elementales principios democráticos de separación de poderes.

Lo novedoso de lo que sucedió, por decirlo de alguna manera, fue que no fueron ni las bayonetas ni los fusiles los que cambiaron y rompieron “el hilo constitucional” tal como lo expresó la Fiscal General, si no que fueron los jueces del máximo tribunal electos por el propio partido de Gobierno. El TSJ, actuando como si fuera un apéndice del Ejecutivo, decidió despojar a la Asamblea Nacional de sus poderes y asumir las funciones legislativas de esta. Además resolvieron que los legisladores que apoyaron la aplicación de la Carta Democrática, habrían cometido traición a la patria y por tanto perderían su prerrogativa expresamente consagrada en el artículo 200 de la Constitución, allanando de hecho la inmunidad parlamentaria de los diputados que fueron electos por voluntad democrática, y en elecciones donde participaron más de 14 millones de venezolanos, o sea, el 74,17 % de la población electoral.

La Asamblea Nacional, el órgano unicameral que ejerce el poder legislativo y el más recientemente legitimado, se ha visto boicoteada desde su inicio en el ejercicio de sus funciones constitucionales de legislar y controlar, por un TSJ conformado por magistrados cuestionados en su legitimidad de origen y que están, manifiestamente, a las órdenes del partido de Gobierno. Esta es una muestra de cómo las instituciones venezolanas han sucumbido ante la arbitrariedad, la brutalidad y la descomposición del régimen bolivariano.

Lo trágico es que esta decisión de fracturar de manera tajante la ya horadada institucionalidad venezolana no es lo único repudiable de este régimen, que ya ni siquiera se interesa por guardar las formas a la hora de imponer sus arbitrariedades, sino que ha convertido a Venezuela es un país arruinado miserable, e inseguro.

Todo indica que se profundizara la radicalización de un régimen cada vez más despótico, abandonado por el pueblo venezolano y la comunidad internacional. El escenario se torna paradójico, ante un gobierno débil y sin apoyo que, se aferra al poder con mano de hierro. Una mano cada vez más dura para prolongar los estertores y agonías de un enfermo que se encuentra en fase terminal, con una amenaza real de la estabilidad del propio chavismo, por el resquebrajamiento hoy presente en su la unidad.

Todos los venezolanos, sin excepción, debemos reprobar lo que ha sucedido en el país, puesto que no existe circunstancia alguna que justifique el golpe asestado al parlamento y la anulación de la oposición.

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