El diario plural del Zulia

La ausencia de los ministros, por Vladimir Villegas

Dos de las reivindicaciones más importantes que logramos los venezolanos con la Constitución de 1999 es el derecho que tenemos a recibir información veraz y oportuna, y la prohibición de aplicar censura a los funcionarios para impedirles dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades.

Y es bueno recordarlo a propósito de la no comparecencia de los ministros a la convocatoria hecha por la Asamblea Nacional para evaluar la pertinencia o no del Decreto de Emergencia Económica, que finalmente fue rechazado por la mayoría parlamentaria. Tal como era de esperarse, el decreto fue rechazado y obviamente la asistencia de los ministros a la Asamblea no iba a cambiar esa decisión. Pero en todo caso los ministros tenían y tienen la obligación de acudir a las citaciones que les envíe la Asamblea.

Mas allá de esa obligación de orden constitucional, está de por medio el derecho de los ciudadanos, de todos nosotros, a conocer la verdadera realidad económica del país. Si el Gobierno tiene suficientes razones y argumentos para defender la tesis de la guerra económica contra el país como origen fundamental de los graves padecimientos que sufre nuestra economía y, por ende, nuestra población, no había mejor escenario para dar ese debate y para dar información contundente al respecto que la propia Asamblea Nacional.

Calificar de show mediático el escenario parlamentario donde los ministros debían someterse a las preguntas y comentarios de los diputados opositores ha sido, a mi modo de ver, una manera poco efectiva de disipar la creencia existente en buena parte de la población en cuanto a que el gobierno no quiere dar la cara frente al país por la magnitud de la crisis y por la falta de políticas acertadas y oportunas para derrotarla. Ha sido, en mi opinión, un grave error político, además de la pérdida de una oportunidad de oro para explicar a fondo la realidad económica y tratar de convencer a la mayoría de la necesidad de respaldar las medidas que el presidente Nicolás Maduro incluyó en el Decreto de Emergencia Económica.

El no acudir al Parlamento a explicar la magnitud de la crisis, a exponer posibles soluciones y a tratar de construir consensos, seguramente deja un mal sabor en quienes, desde las filas rojas rojitas, creen en el argumento de la guerra económica, en que no es necesario modificar o sustituir el modelo económico vigente y en que el Gobierno no es responsable de la crisis por haber tomado un camino equivocado sino que por el contrario es víctima de una conspiración orquestada por factores políticos y económicos nacionales e internacionales. Seguramente querían ver a sus ministros y a los diputados del Bloque de la Patria destrozar uno a uno los argumentos de la oposición y responder sin sobresalto y con mucha entereza todas las preguntas y acusaciones provenientes de la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática.

Pero también está el resto del país, que piensa distinto, que cree que el Gobierno ha tenido una política económica que ha derrumbado el aparato productivo, que ha privilegiado la pugna con el sector empresarial antes que buscar consensos y construir alianzas ganar-ganar, y que ha fracasado en la lucha contra la inflación y el desabastecimiento, y que de paso tampoco ha acertado en la lucha contra la inseguridad.

Esos dos países, que en realidad son uno solo, tienen derecho a estar debidamente informados, a recibir una explicación por parte del gabinete económico.

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