Indígenas y Constituyente, por Rubia Luzardo
Venezuela hasta el año 1999 era un Estado que solo reconocía al individuo como sujeto de derecho, con el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas se distinguió a un sujeto distinto que es el colectivo. Implicando un avance signi cativo tanto a nivel jurídico como losó co en la carta política en materia de derechos de los pueblos originarios, por cuanto, de una concepción completamente excluyente y reductora se pasó al reconocimiento de la diversidad étnica, cultural y social de la nación.
Toda esta conquista del movimiento indígena se materializó en la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, propuesta por el entonces presidente Hugo Chávez y, en el marco del reconocimiento pluricultural, en varias cartas polí- ticas latinoamericanas que se habían dado progresivamente en Bolivia, Ecuador, Brasil, Colombia y nalmente en Venezuela resultó ser la más avanzada en materia del reconocimiento de derechos indígenas.
Ahora bien, el mayor desafío para el Estado Venezolano ha sido garantizar el respeto de esos derechos reconocidos entre los que se destaca el idioma, modo de vida, sistema normativo, educación propia y economías locales. Son 18 años que han pasado del reconocimiento constitucional, en los cuales ha surgido la posibilidad de una participación activa en los cuerpos deliberantes del Estado, Asamblea Nacional, Consejos Legislativos y Municipales y otros entes del Poder Ejecutivo nacional, regional y local.
No obstante, en materia concreta los derechos no se ven materializados en la vida común de los nativos, contrariamente la realidad social y económica de estas poblaciones se caracterizan por condiciones de pobreza extrema, desempleo, escasa productividad local, desidia, desnutrición, mortalidad infantil, presencia de enfermedades que en otros años habían sido erradicados como la malaria, difteria entre otras, demostrando solo populismo y abandono gubernamental al que están sometidos.
Por otra parte, está el asunto de la imposición de proyectos económicos como el Arco Minero, explotación carbonífera, que deben aplicar la consulta previa a los nativos y el Estado no lo ha hecho ni lo hará, contrariando con esta acción la garantía tutelar del derecho indígena.
Lamentablemente, las esperanzas puestas en el proyecto bolivariano se han ido extinguiendo así como la imagen de sus dirigentes generan rechazo en gran parte de las poblaciones indígenas, no hay una garantía de que con una nueva Asamblea Constituyente se vayan a respetar los derechos indígenas.
Ello nos hace pensar que nuestros pueblos originarios al igual que Venezuela no necesitan otra Constitución, lo que necesitamos es que se respete la actual, la que se aprobó en 1999, eso es lo que piensa la mayoría consciente, no negando que hay un sector indígena apegado al gobierno de Nicolás Maduro, que necesita defender la tesis Asamblea Nacional Constituyente para asegurarse en el poder, y eso lo respetamos pero no puede estar por encima de lo que quiere la mayoría.
