El diario plural del Zulia

Expropiar ya no solo es robar, por Werner Gutiérrez Ferrer

Han transcurrido casi 90 días que el país se encuentra sumergido en acciones masivas de protesta. La mayoría de la población venezolana exige un cambio de rumbo ante la profunda crisis política e institucional que unida a la marcada recesión de nuestra economía, y a la caída en la disponibilidad de alimentos ocasionada por la destrucción de nuestro aparato agroproductor, mantiene al 82 % de los venezolanos en estado de pobreza, y al 52 % de nuestros niños presentando algún nivel de desnutrición.

Las dos principales organizaciones gremiales que representan a los agricultores y ganaderos nacionales, se han unido al clamor popular que solicita el respeto a los poderes legalmente constituidos, y a la constitución vigente. Las acciones pacíficas emprendidas por la Confederación de asociaciones de productores agropecuarios de Venezuela (Fedeagro) y la Federación nacional de ganaderos (Fedenaga), han estado enmarcadas en los derechos que nos consagran como venezolanos las leyes de la república. En sus actividades, igualmente los productores han reclamado la falta de atención a su sector, declarando como perdido el año agrícola 2017 ya que más del 50% de las tierras previstas para la siembra quedarán ociosas ante el incumplimiento de la empresa estatal Agropatria en la venta de agroinsumos.

La respuesta del gobierno de Nicolás Maduro ante este justo reclamo, ha sido pretender amedrentar y coartar el sagrado derecho humano a alzar su voz a los gremios agropecuarios a través de acciones coercitivas, ilegales e ilegitimas, del Instituto Nacional de Tierras (INTI). Este organismo pretende expropiar la unidad de producción del presidente de Fedenaga, ubicada en el estado Guárico, a pesar de que su propietario, Carlos Odoardo Albornoz, ha demostrado a través de diversas inspecciones que cumple con los requisitos de ley, como finca productiva. El 70 % está actualmente sembrada de maíz y el 30% restante, dedicada a la cría de ganado vacuno. Es una finca completamente desarrollada con modernas instalaciones para la siembra de cultivos y pastos, y la cría de rebaños bovinos.

La expropiación de tierras, ya no solo en una estrategia gubernamental para robar 5.0 millones de hectáreas de tierras agrícolas, destruyendo la producción de alimentos y sometiendo a un pueblo a una crisis agroalimentaria jamás vivida. Hoy es convertida también en un método de chantaje, de retaliación política ante quienes en apego al justo reclamo del derecho de todos los venezolanos de vivir en sana paz y prosperidad, han alzado su voz como legítimos representantes del sector agrícola nacional. Se equivoca el gobierno al creer que con sus irresponsables acciones logrará callar la voz de los dignos y valientes productores agropecuarios venezolanos. Se enfrenta a un gremio unido, y decidido a defender sus derechos. Dios los bendiga por darnos una vez más, una lección de dignidad y coraje. ¡Sí se puede!

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