¿Enfrentamiento o ejecución?, por Vladimir Villegas
El misterio, la oscuridad, las contradicciones, rodean el caso de Oscar Pérez y sus compañeros, abatidos en una operación realizada hace una semana en El Junquito, y que fue descrita oficialmente como un enfrentamiento con un grupo terrorista. Allí murieron, además de Pérez y su grupo, dos funcionarios policiales, Nelson Chirinos La Cruz y Andriun Domingo Ugarte, o Heiker Vásquez.
En un país con un Parlamento en pleno ejercicio de sus facultades ya se estaría realizando una investigación con todas las de la ley. El ministro del Interior, los directivos de los cuerpos que participaron en la operación, los funcionarios actuantes, los testigos y todo aquel que tenga algo que decir sobre el caso ya estarían siendo interpelados. La actual Asamblea Nacional (AN), por mucho que intente hacerlo, está de manos atadas, y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), electa de espaldas a la letra de la Carta Magna, obviamente ni lo piensa.
Los videos que divulgó Oscar Pérez antes de ser abatido le dieron la vuelta al mundo y ponen en evidencia que él y su grupo estaban prácticamente rendidos, ante la manifiesta superioridad de fuego de los funcionarios que participaron en la operación. ¿Qué pasó con la orden de preservarles la vida, supuestamente dada por el presidente Nicolás Maduro? ¿Acaso era imposible capturarlos vivos, aunque sean los presuntos responsables de la muerte de los dos funcionarios policiales, uno de ellos, Ugarte, integrante del colectivo “Tres Raíces”? ¿Por qué, según la presunta acta de defunción que ha circulado, tenían disparos en la cabeza? ¿Por qué se hizo tierra arrasada con la casa donde estaban “enconchados”? ¿Y los elementos de interés criminalístico que deberían preservarse?
Y pudiéramos formular muchas más preguntas que busquen aclarar totalmente los hechos, y determinar responsabilidades materiales e intelectuales si, como buena parte del país presume, estamos ante una masacre. Para colmo de males, hasta la fecha, luego de una semana, ni la Fiscalía General de la República ni la Defensoría del Pueblo han emitido algún pronunciamiento al respecto, lo cual le arroja más sombras a este hecho. Este silencio hace presumir que “algo está podrido en Dinamarca”.
O el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, y su sustituto en la Defensoría del Pueblo, Alfredo Ruiz, están muy de acuerdo con la operación y no tienen nada que agregar, o puede ser también que su silencio sea una forma de no avalar lo ocurrido. Pero más allá de esa actitud silenciosa, vale la pena preguntarse por qué la ausencia, salvo prueba contundente en contrario, de funcionarios de ambas instituciones, en esa operación, sobre todo cuando había un supuesto proceso de negociación para lograr la entrega de los sublevados. A todas luces no hay explicación para que tanto la Fiscalía como la Defensoría estuvieran y sigan al margen de todo lo ocurrido. Y, como ya es costumbre, tampoco se permitió el ingreso a los medios de comunicación social. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la atención que alguna de esas instituciones le ha brindado a los familiares de Pérez y su grupo? ¿Hicieron algo para que esas familias no pasaran por el tormento de no poder recibir los cuerpos de sus deudos a la brevedad y darles un entierro en un mínimo marco de dignidad y respeto por su dolor? ¿No merecen siquiera ser escuchados por instituciones que, en el papel, están obligadas a actuar ante hechos de esa naturaleza?
Lo cierto es que no solo la manera como fueron liquidados sino todo lo que hemos visto en los días sucesivos nos hace recordar el pasado, pensar en Yumare, Cantaura, El Amparo, y otros episodios que en la llamada cuarta República movilizaron la conciencia y activaron la indignación de los venezolanos, entre ellos muchos de quienes hoy son Gobierno y nada han dicho al respecto.
La forma como fue sepultado uno de los funcionarios que murió en la operación contrasta con lo que fue el sepelio de Pérez y su grupo. Heiker Vásquez fue llevado al Cementerio del Este en camionetas repletas de personas armadas y encapuchadas, pertenecientes a colectivos que hacen vida en la capital. También se hizo presente una brigada de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Allí recibió honores ¿militares o paramilitares? Por parte de ese grupo que portaba armas largas. Nadie explica cómo un funcionario de un cuerpo de seguridad del Estado es a la vez integrante de un grupo armado que actúa al margen de la ley. ¿O es que ahora se puede tener esa “doble militancia”?
Pero ese entierro contrastó con el trato que le dieron a los alzados. Mientras los cadáveres de los funcionarios fueron entregados ipso facto por medicina legal, los familiares de Pérez y su grupo pasaron las de Caín. Para terminar enterrando sus muertos cinco días después, en medio de una terrible soledad, obligados a hacerlo sin velatorio, sin recibir el pésame ni siquiera de los parientes más cercanos. Sin la más mínima piedad que debería a orar frente al dolor por la pérdida de un ser querido, independientemente de sus acciones.
