El ideal democrático, por Jesús Salom Crespo
La vigente Carta Magna establece en su art.2: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia…” Pero muchos países del mundo y millones de venezolanos estamos convencidos que el país no cumple los criterios básicos inherentes a una democracia en sus dimensiones electoral y política.
Al contrario de lo establecido en el artículo 6 constitucional, a Venezuela la gobierna un régimen con tendencias totalitarias que concentra todos los poderes en el Ejecutivo; es decir, es centrista y presidencialista. De allí que la libre participación de la ciudadanía en los procesos electorales normados por la CM (elección universal, directa y secreta) este constreñida a una decisión gubernamental que los pauta si considera que hay garantías para la permanencia en el poder del partido de Gobierno; por lo que tampoco se contempla la alternancia en el poder, los mandatos revocables y el pluralismo que distingue a una democracia.
Las elecciones regionales, locales y de las Asambleas Legislativas estadales; como antes lo fue la petición de un Referéndum Revocatorio y las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, son un claro ejemplo de la violación de los derechos políticos de los venezolanos. Más aún, la constante incorporación de normas no previstas en las leyes y reglamentos para la participación política en cualquier elección dista mucho de estar acordes con el artículo 6 antes citado. Está claro que la inestabilidad política se ahondará de no dársele una salida electoral a un pueblo que tiene como valores más preciados los inherentes a la democracia.
En este contexto, hay una materia pendiente en el proceso electoral con las universidades autónomas que también sufren discriminación y negación a su voluntad libérrima (y constitucional) de renovar sus autoridades, porque el TSJ mantiene como rehén a sus elecciones para las autoridades y organismos de cogobierno. Ese alargue innecesario (ya son 4 años), el populismo que ha caracterizado a los gobiernos desde 1999 y la ambigüedad de la norma que colide con otros instrumentos vigentes, prevé un panorama muy complejo y confuso.
Los universitarios reivindicamos una posición institucional y constitucional en la exigencia de nuestros derechos. Las universidades autónomas y el país esperan respuestas efectivas a la problemática electoral para que de manera legal, transparente y democrática podamos ejercer los derechos civiles que nos asisten. Desde esta perspectiva, deploro y condeno de la manera más firme el atentado contra el diario Versión Final, porque agrede a una libertad fundamental, la de información y expresión.
