Editorial// ¿En búsqueda de la eutanasia económica?, por Carlos Alaimo
Llega la mitad de febrero sin medidas económicas y más retórica. Ni el micrófono, ni las pantallas ni los flashes de las cámaras sirven para frenar la crisis, y en eso se invierte aún, con el agua al cuello, recursos y tiempo.
El Ejecutivo ahora tiene luz verde para activar su tan ansiado Decreto de Emergencia Económica negado por el Parlamento, el Tribunal Supremo de Justicia le abrió la puerta con una decisión de siete magistrados que se impuso, en un choque de poderes, sobre 109 diputados electos por voto popular que también desenfocan muchas veces al priorizar discusiones protocolares. Aquí el todo por el todo es en la economía, y es ya.
Sin embargo el Parlamento plantea escenarios de crisis, los dibuja (emergencia sanitaria, emergencia alimentaria, reforma de ley del BCV), pero al día de hoy los poderes que más pesan son el TSJ y la Presidencia. La AN, por el momento, se entiende como un contrapeso más mediático que efectivo, legitimado por la mayoría del electorado, pero las togas lo ponen contra las cuerdas.
Así pues queda el Ejecutivo nacional con todos los turnos al bate en el line-up, no hay más bateadores, solo el Ejecutivo, y el promedio no le favorece, peor aún cuando saca el bate tarde y se le cansa el swing de tanto foul. Su único árbitro es el TSJ.
Desde el propio Gobierno, incluso, desde el seno del Congreso Económico del PSUV se han planteado con reiteración líneas como la modificación sin demoras del control de cambio, que antes era califi cada de treta para debilitar al país, pero que ya no cabe duda habría sido mucho más efectiva si se hubiese concretado años atrás, aunque resolver el problema de la escasez de divisas y su infl uencia en una nueva subida de precios debe estar rompiendo cabezas.
Y el tan vociferado, analizado e interpretado aumento de la gasolina que se asomó hace más de un año y que tampoco llega. No se ha corregido, al día de hoy 15 de febrero, los controles de precios que minan la ya mermada producción interna. Las 3 R son un eslogan, meramente un eslogan.
Pero ahora el Decreto de Emergencia Económica resurge amparado en una legalidad del TSJ y el Ejecutivo tiene el instrumento con que prometió parar la crisis y salvar de nuevo a Venezuela. Están seguros que en la norma están las bases del renacimiento de la economía nacional y del reimpulso de la productividad, incluso confían en que allí está el puente para abandonar el demonio del rentismo que descubren tarde, con el petróleo en 22,83 dólares, pero que no se criticaba en 2008 con el barril en 120 dólares. El Ejecutivo tiene todo su exclusivo plan para ejecutarlo a discreción. Concentra todo el poder. La Asamblea no lo detiene.
En conclusión, los nuevos actores legislativos no han podido en estos 70 días desde su asunción al poder el 6 de diciembre de 2015 resolver ninguna de las problemáticas que angustian a la población venezolana, porque en realidad la potestad del manejo de la economía es un derecho constitucional ejecutivo del primer mandatario, quien puede gobernar por decreto. Pero la población se debate en un permanente equilibrio, fluctuando entre la paciente espera por las reformas económicas necesarias y una posible implosión de final impredecible, aparentemente no detectada por ambas fuerzas políticas dominantes en el país.
La nación está sentenciada a permanecer en la sala de cuidados intensivos dirigiéndose poco a poco, debido a la inmovilidad del Presidente de la República, a un estado de coma irreversible con una controversial solución percibida, como probable, como es la eutanasia económica para engendrar un nuevo paradigma desde sus cenizas.
