Dictadura constituida, por Jorge Sánchez Meleán
La dictadura es un sistema político basado en la usurpación de las funciones públicas. Es el gobierno, que invocando el interés público se ejerce fuera de las leyes constitutivas de un país. Son siempre ilegítimas, porque lo que hacen es detentar o usurpar el poder. No existe ninguna norma jurídica que las autorice. Esos gobiernos son llamados de facto y no de derecho. Actúan sobre la base de suspender o derogar la Constitución del país, asumiendo el dictador las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales. Los Estados con dictaduras son llamados totalitarios, pues el dictador (personal o pluripersonal) asume todos los poderes, quebrantando la armazón constitucional de la nación y eliminando todos los derechos y garantías.
En Venezuela, en consecuencia, lo que hoy existe es una “Dictadura Constituida”, a través de un cuerpo multitudinario electo el 30 de julio pasado, en franca violación a la Constitución vigente y mediante un grotesco fraude electoral, sin consistencia técnica ni ética. Ese cuerpo entonces, dista mucho de ser una Asamblea Constituyente legítimamente electa. Es simplemente, un cuerpo ilegítimo, promovido por el poder constituido, que al usurpar el poder constituyente originario del pueblo, usurpar funciones públicas del poder constituido y actuar al margen de la Constitución de 1999, ha instaurado una Dictadura, un gobierno de facto.
En efecto, la ilegítima asamblea dictatorial constituida, mediante decreto viciado de nulidad el 8 de agosto pasado, asumió poderes supraconstitucionales que la colocan por encima de la Constitución de 1999. Con ello, la “Dictadura Constituida” pretende asumir el poder absoluto del Estado, al concentrar todas sus funciones. Pretende regular el funcionamiento de los poderes públicos y hasta acordar el cese de sus actividades. Se ha instaurado entonces, una vulgar dictadura, que acumula todas las funciones del Estado, sin contrapeso alguno, mediante el ejercicio de un poder ilimitado y absoluto, por ahora durante dos años.
Estamos entonces, al borde de la anarquía, gobernados por una tribu de más de quinientas personas, sin legitimidad alguna, que han anulado a la Asamblea Nacional, legítimamente electa, y que manejan a su antojo al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, al Electoral y al Poder Ejecutivo, cada vez más ineficiente e irresponsable. Estamos pues en manos de un gobierno de facto, de una dictadura colegiada, cuyas decisiones son inexistentes, pues “toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos” (art. 138 CN). En consecuencia, esos actos no entrañan deber de obediencia a nadie.
Solo nos queda a todos, ejercer “el deber de colaborar en el restablecimiento” de la efectiva vigencia de la Constitución de 1999, que ninguna “Dictadura constituida” puede derogar por la fuerza de los hechos, como lo pretende hacer este cuerpo ilegítimo y fraudulento que ha tomado por asalto, con patente de corzo, al poder total en Venezuela.
