Desatar la justicia, por Carlos Alaimo

La crisis le reventó en el rostro al Gobierno y se activaron los tribunales para dar una señal de auxilio. El Grupo San Simón, un gigante nacional de alimentos intervenido hace cuatro años por acusaciones sin piso sólido, regresa a sus dueños.

Se percataron, aunque no se reconozca abiertamente, que no podían con un emporio labrado durante años que logró representar el 52% de la producción nacional de palma aceitera, el 15% del mercado nacional de la leche y un 12% de la producción cárnica, y que manos centralistas habían erosionado hasta el hueso borrando la marca zuliana que antes copaba anaqueles y se servía en la mesa del venezolano.

Los jueces dictaron el sobreseimiento como argumento jurídico para, entre líneas, decir: que reactiven la empresa los que la saben manejar y a quien nunca se debió sacar del medio, Venezuela necesita alimentos. Este es el verdadero origen de la medida, puesto que la falta de pruebas para hallar culpables a los dueños del Grupo San Simón de contrabando agravado, asociación para delinquir y adquisición ilícita de divisas, siempre marcó la querella desde su inicio.

Es un gesto desde un despacho judicial pero de orden superior. No hay duda al respecto. Y aunque no se quiera reconocer el mea culpa como lo que es, lo necesario será, en este escenario de alta complejidad hasta para alimentarse, que se sume la restitución de derechos en centenares de empresas expropiadas.

Allí están en la Costa Oriental del Lago las 74 contratistas petroleras expropiadas hace 7 años, en su gran mayoría convertidas hoy en cementerios de gabarras y lanchas, la caída en los servicios prestados a Pdvsa, la paralización de pozos, las fugas de gas y petróleo en el estuario. Ese músculo, hoy convertido en pellejo, también debe revisarse en esas mesas de emergencia del Gobierno y llamar a los que saben potenciarlo. Restablecer sus derechos y tachar los errores de la Ley Orgánica que reserva al Estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de Hidrocarburos, la norma ya reflejó lo que es capaz de hacerle a la producción petrolera.

Las empresas agroindustriales que se carcomen bajo una gerencia descalificada por el propio presidente Maduro que reconoció el profundo fracaso en manos de revolucionarios, también deben ser devueltas como señal, más de salvación que de justicia ciega. Pero es que además aquella cartera de bienes improductivos, edificios, hoteles deteriorados en el país que olvidó el turismo, bien podrían ser puente de ingresos para nuevos inversionistas que apuesten por el resurgimiento de Venezuela y que se traduzcan en recursos para las interminables deudas internas, deslastrándose de lo fantasmal para ceder el paso a las gerencias modernas y efectivas.

Hay que pedirle, sí, a los administradores de justicia, que presionen por retomar ese camino y que no solo actúen como mandaderos en la crisis, desatar la justicia para hacerla justa y que prevalezca sobre la ideología, distante de los abusos de poder. Aquí hay una Constitución que expresa la naturaleza de una expropiación, sin embargo las ejecutadas se notaron lejos del espíritu de la ley que busca cumplir objetivos macro en función del interés nacional.

Carlos Alaimo
Presidente editor