Democracia en duras lecciones, por Vladimir Villegas
Yo he recibido en los últimos tiempos, que pueden contarse en años, la mayor y más completa lección de democracia, y realmente se lo agradezco de corazón a quienes ejercen el poder. Han contribuido a que este servidor le dé real importancia a los valores que sustentan un régimen basado en el estricto apego a la constitucionalidad. Lo único extraño en esta lección es el método de aprendizaje que me ha tocado asumir. He aprendido sobre el valor real de la democracia a partir de lo que ha sido su negación, a partir de la molienda institucional que nos toca observar y padecer. Bien podríamos hablar entonces de una lección bajo un título que pudiera ser "lo que no se debe hacer en una verdadera democracia". Si se toman ejemplos del caso venezolano estaríamos hablando de un tomo generoso en cantidad de páginas.
Me ha quedado muy claro lo que no se debe hacer. Por ejemplo, que desde el Poder Ejecutivo y el partido de gobierno se presione indebidamente a los otros poderes públicos para que sus decisiones y acciones respondan a una línea político-partidista, o lo que es peor, al interés de un grupo. Que se utilice el poder del Gobierno para torcer la administración de justicia y meter tras las rejas a cualquier activista político que les resulte incómodo por la razón que sea. Que bajo cualquier argumento se busque justificar la anulación de la Asamblea Nacional como instancia de representación popular. Que se le despoje de sus competencias de control e incluso de formación leyes, cosa que ocurre frecuentemente con decisiones del Tribunal Supremo de Justicia.
Que desde la policía política se impida de manera reiterada que la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República cumplan su rol de velar por el debido proceso y los derechos inherentes a la persona humana. Que el Banco Central de Venezuela, hoy debilitado y silenciado, sea más una caja chica del Gobierno que el ente encargado de velar por la estabilidad económica y el valor de nuestro signo monetario.
Que desde un alto cargo público se manipule el hambre y la necesidad de vivienda de los ciudadanos más humildes, como lo hizo en días recientes y de forma muy miserable, el ministro Ricardo Molina, al amenazar con quitarles la bolsita del CLAP y los beneficios de la Misión Vivienda a humildes seres humanos que se atrevieran afirmar por el revocatorio al presidente Nicolás Maduro. Que desde el poder se debiliten seria y gravemente las instituciones del país, y que las decisiones de estas por regla general vayan dirigidas a garantizar que el sector gobernante actúe a sus anchas, sin riesgos de incómodas investigaciones o de impertinentes exigencias de apego a la constitución.
Que el Gobierno utilice todo su peso para acabar con empresas privadas nacionales y darle trato preferente a empresas de otros países. Ejemplos sobran. Que los trabajadores del sector público vean vulnerados sus derechos a la libre asociación sindical y a la discusión democrática de sus contratos colectivos.
Que en tiempos de campaña electoral, y aun fuera de ella, el Gobierno y su partido hagan uso inescrupuloso de dinero y bienes públicos para competir en condiciones de descarada ventaja frente al adversario.
Por razones de espacio es imposible continuar enumerando muchas verrugas que comprometen el ejercicio democrático en el país. Pero este es un tema que nos obliga a una reflexión serena sobre las grietas de nuestro sistema político. Unos dicen que estamos en dictadura, otros en un régimen autoritario. Más allá de los calificativos, lo que resulta doloroso es que cada día es más cuesta arriba utilizar el término democracia para denominar el desbarajuste institucional en el cual estamos sumergidos. Venezuela necesita un proceso urgente de reinstitucionalización.
