Defensa de la moneda, por Francisco Arias Cárdenas
De los años de formación en la academia militar, solemos guardar indelebles recuerdos, porque en ellos se formaron nuestras mentes y se entrenaron nuestros cuerpos, para defender con amor y pasión a la patria, para trabajar por su felicidad e independencia. Allí nos educamos para el servicio, fortaleciendo los principios aprendidos en el hogar. Vestimos los uniformes para servir al pueblo. Por eso resulta ignominioso e inadmisible que un militar venezolano dirija un ataque bestial contra la economía del país donde nació, simplemente porque quiere cambiar al Gobierno.
Se puede estar en desacuerdo o franco enfrentamiento con una ideología, pero eso jamás justificará hacerle daño a la población como forma de presión para que derroque a un Gobierno. Y es que el impacto en la esfera de las finanzas se materializa en daño para el pueblo en su vida cotidiana, en la capacidad para satisfacer sus necesidades, en el goce de sus derechos.
Los ataques a la banca electrónica del país han sido el más reciente capítulo de una agresión constante, que ha tenido en nuestra moneda el blanco principal, con la consecuente merma del poder adquisitivo de los ciudadanos, el contrabando de productos subsidiados, la escasez y la hiperinflación.
Por ello, desde el Estado fronterizo del Zulia, hemos planteado medidas que enfrenten esa agresión; una de ellas, es la de vender productos venezolanos en la frontera con Colombia en su moneda oficial, para frenar la especulación con el dólar paralelo y evitar que continúe afectando la economía del país. Hemos solicitado tanto al alto Gobierno en materia financiera, como al propio Presidente, que nos permitan en las estaciones de gasolina vender en la propia moneda colombiana y ofertar a través de casas de cambio, en un proceso legal, la moneda en zona limítrofe. Creemos que deben establecerse acuerdos con el vecino país para que los productos se vendan a precio real, evitando así que en la frontera se siga haciendo un negocio que afecta severamente el bolsillo de los ciudadanos venezolanos.
