Aulas abandonadas, por Rubia Luzardo
La crisis del país llegó a las aulas educativas, las cuales han sido abandonadas no sólo por los estudiantes sino también por sus profesores. Situación que se está presentando en todos los niveles del sector educativo y, aunque no es algo nuevo se ha visto acentuado en el actual periodo educativo 2017-2018.
Diversos son los factores a los que se les puede atribuir la deserción escolar tanto de educandos como de educadores, sin embargo; la emigración a otros países es la variable más preponderante al momento de comprender este revés. Reconociendo que la actual crisis económica social y política que atraviesa la nación, es el primer elemento causante del éxodo de profesionales en todos los niveles que conforman el sistema educativo nacional.
Y, qué será de nuestras escuelas y universidades sin el talento humano que facilita las estrategias educativas a nuestros hijos, la preocupación se eleva al pensar la posibilidad de que sean sustituidos por personal con una débil preparación y capacitación en el campo de la enseñanza.
También, las nuevas generaciones de conciudadanos corren el riesgo de tener un futuro extraviado en el plano de su formación integral educativa y, por supuesto un país sin profesionales capacitados para participar en su progreso, desarrollo y criterios científicos para su convivencia civilizatoria en el siglo XXI.
Ante ello, lo que impera es la búsqueda de medidas urgentes que permitan afrontar el conflicto, una de ellas sería; la protección del salario de los educadores, que ven mermado su poder adquisitivo ante los escenarios de escasez e inflación galopante. También, tocará a cada institución educativa establecer estrategias para generar medidas que faciliten la permanencia de los profesionales de la enseñanza y de los educandos, ya que a la situación descrita se suma la falta de efectivo y de acceso a un servicio transporte público eficiente que impide a la comunidad educativa cumplir con la planificación prevista.
Consideramos el momento propicio para recordarle a los gobernantes que el Estado está obligado a proteger las condiciones laborales del Trabajador y sus ingresos por una parte, y por otra; esta el acceso a la educación de la población venezolana como derechos humanos fundamentales irrenunciables, en ningún caso. Nuestras aulas deben ser fortalecidas por bien del país y su sociedad.
