Sobrevivientes de masacre en el norte de Brasil buscan protección

Dos días después de la acción policial que dejó diez muertos en Pará, en el norte de Brasil, los sobrevivientes buscan protección mientras familiares afirman que aún hay otros heridos sin atender.  

"Conversamos con los familiares y algunos sobrevivientes y están extremadamente vulnerables, tienen miedo y no tienen noticias de algunos familiares que desaparecieron, no saben ni si están vivos", dijo Marcelo Mendanha, consejero de la Orden de Abogados de Brasil en Redenção, ciudad vecina de Pau D'arco, donde ocurrió la masacre.

El abogado apuntó que la Defensoría Pública del estado de Pará está trabajando en un esquema para garantizarles protección.

El pasado miércoles, policías civiles y militares llegaron a la Hacienda Santa Lucía para cumplir una orden de desalojo. El terreno era blanco de una disputa de tierras. Las personas que ocupaban el lugar pedían la negociación del lugar bajo concepto de reforma agraria, pero el propietario se recusó y en abril consiguió una orden de restitución.

La versión oficial es que los policías fueron recibidos a tiros por algunas personas que se negaban a retirarse de la propiedad, sin embargo, ningún uniformado resultó herido. 21 policías militares y 8 civiles fueron separados de sus cargos por la investigación, informó la Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social del estado este viernes. 

Según los relatos de los familiares, 25 personas estaban en el lugar cuando los policías llegaron, y además de los diez muertos, otras cuatro personas habrían resultado heridas, una de ellas hospitalizada en Redenção, comentó Mendanha.

Los muertos -siete de los cuales eran de la misma familia- fueron enterrados este viernes. La procuradora federal de los Derechos del Ciudadano, Deborah Duprat, visitó el lugar un día después de la masacre y denunció que la escena del crimen fue alterada.

"No había ni siquiera olor a sangre en el lugar marcado (...) Adulterar el local de las muertes es extremadamente sospechoso y es necesario descubrir quien lo hizo porque esto dificulta la investigación de la autoría de las muertes", dijo Duprat a un diario local.

- A punta de bala -

"El consenso en esta región solo se logra a punta de bala", criticó Viviane Pereira, representante regional de la Federación Nacional de Trabajadores en la Agricultura Familiar (Fetraf).

Pereira explicó que la Fetraf respeta el mandato judicial de desalojo, pero repudia que los desahucios sean hechos de forma violenta.

"Nos preocupa que esto se repita en otros lugares", dijo Pereira. En el estado otras ocho haciendas son blanco de disputas similares.

"La violencia en el campo aumentó de forma desproporcionada (...) lo más preocupante es que estamos presenciando una onda de masacres (...), es algo que llama mucho la atención por la gravedad y la crueldad con que la policía actúa", denunció el padre Paulo César Moreira, de la Central Pastoral de la Tierra.

En lo que va de año, 36 personas han muerto de forma violenta en Brasil por conflictos agrarios, según datos de la CPT. Más de la mitad de los 61 registrados en 2016.

Otras nueve personas fueron asesinadas en un ataque en Mato Grosso en abril de este año por disputas de tierra.

"Esta situación está dentro de un contexto mayor que es gravísimo (...) un gobierno que está usando la violencia para reprimir, como quedó claro en Brasilia (...). El grupo ruralista se fortaleció demasiado y actúa como si tuviese el aval para expropiar territorios y avanzar sobre las comunidades", opinó Moreira.

De hecho, este viernes la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos condenaron el uso excesivo de fuerza de los policías en Brasil e hicieron mención a la masacre de Pará, además de a la represión de protestas anti Temer en la capital y al desalojo de la zona llamada Cracolandia, en Sao Paulo, todas ocurridas esta semana.

El gobierno brasileño contestó. El ministerio de Relaciones Exteriores, en un comunicado emitido tras el fallo, apuntó que referirse al caso de Pará en dicha condena es "un acto de mala fe (...) que no tiene relación alguna con los acontecimientos del día 24 (en Brasilia) y que está siendo investigado por las autoridades en el marco legal brasileño".