La lista de muertos en protestas en Nicaragua se eleva a 48
Una serie de ataques contra manifestantes y estudiantes universitarios que protestan en Nicaragua contra el Gobierno de Daniel Ortega elevó hoy a 48 el número de víctimas mortales de la crisis en el país centroamericano, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Los ataques, que cobraron una vida y dejaron decenas de heridos, ocurrieron entre la noche de ayer jueves y la madrugada de este viernes, en barrios del este de Managua, la misma zona de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), que sirve de refugio para los universitarios que protestan contra el Gobierno.
También en los alrededores de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), la más grande del país, que está ocupada por los estudiantes.
La víctima mortal fue un joven de 18 años del este de Managua, que fue alcanzado por un disparo de miembros de la Juventud Sandinista, denunciaron los pobladores ante el Cenidh.
Tanto los estudiantes de la Upoli como los de la UNAN coincidieron en denunciar que anoche el número de víctimas pudo ser peor, pero contaron con el apoyo de la población que, al conocer de los ataques, se aglomeraron a pie, en carro y en motocicletas, alrededor de los campus, para servir de escudo ante los policías y fuerzas de choque del Gobierno, conocidas como "turbas".
Nicaragua cumple este viernes 24 días de una crisis causada por multitudinarias manifestaciones a favor y en contra del presidente Ortega, que comenzaron con protestas en rechazo a unas reformas a la seguridad social y que continuaron a pesar de que el Gobierno revocó esos cambios, debido a los muertos a causa de la represión.
Desde que comenzaron las manifestaciones los enfrentamientos violentos causaron al menos 48 muertos, la mayoría entre el 18 y el 22 de abril pasado, según el Cenidh, que no descarta más víctimas mortales, mientras que otras organizaciones humanitarias elevaron a 63 el número de los fallecidos.
Nicaragua está pendiente del comienzo del diálogo que protagonizarán el Gobierno y el sector privado, con la Conferencia Episcopal (CEN) como mediadora, aunque todavía no se ha establecido una fecha para su celebración.
