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Resuelven el sobreseimiento de la expareja de Evo Morales

La Fiscalía de La Paz resolvió el sobreseimiento de Gabriela Zapata, la expareja del presidente boliviano, Evo Morales, de cuatro delitos, entre ellos el de supuesto enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.

La comisión de fiscales que investiga el caso tomó la decisión el 15 de julio, según la resolución oficial publicada este jueves en los medios, aunque la acusada todavía enfrenta otros seis cargos.

Zapata, recluida en prisión desde febrero pasado, fue sobreseída de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, uso indebido de influencias en grado de complicidad, falsedad material y ejercicio indebido de la profesión, según reseña EFE.

Sobre el primer cargo citado, la resolución de los fiscales justifica que en la investigación "no se ha establecido cuál habría sido el daño económico que se habría ocasionado al Estado".

Sin embargo, Zapata todavía afronta acusaciones por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictiva, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas, y uso indebido de bienes del Estado.

La mujer, quien fue pareja del presidente Morales entre 2005 y 2007, fue investigada por usar oficinas del Ministerio de la Presidencia para sacar provecho personal de citas con inversores, supuestamente sin que se enteren altos funcionarios del Gobierno.

Durante la investigación, los fiscales detectaron, además, movimientos sospechosos sobre sumas altas en las cuentas bancarias de Zapata, quien trabajaba como gerente comercial de la empresa estatal china Camce, que se adjudicó varios contratos con el Estado.

Zapata se presentaba como abogada, pero solo había aprobado los primeros cursos de la carrera en una universidad estatal.

En las últimas horas, el fiscal de Distrito de La Paz, Edwin Blanco, aseguró a los medios que no hubo intención de favorecer a Zapata con la resolución del 15 de julio, porque ella está procesada por delitos que pueden derivar en una condena de entre ocho y doce años.

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