Regiones de concentración esperan por los protocolos
El anuncio de los 29 municipios que albergarán en zonas veredales y campamentos a los guerrilleros de las FARC tomó por sorpresa a algunos de los alcaldes y gobernadores de las áreas elegidas por el Gobierno Nacional para ese fin, informó el diario El Tiempo, de Colombia.
Uno de ellos fue Arley Beltrán Díaz, alcalde de Villarrica, municipio que junto con Planadas fueron escogidos como sitios de concentración en el Tolima. Beltrán señaló que “no lo esperaba”. El mandatario liberal agregó que “esta ha sido una zona de conflicto permanente, pero en los últimos 10 años las cosas mejoraron mucho, esperamos que la concentración de guerrilleros no vaya a perturbar la tranquilidad”.
Villarrica ha estado marcada por la presencia del frente 25 de las FARC y en 1999 sufrió los rigores de una toma del frente 53, al mando de alias Romaña.
En Norte de Santander, aún sin conocer que Tibú sería escogido, el gobernador William Villamizar ya había manifestado su apoyo a la instalación de subversivos en veredas e insistió en que el departamento tiene disposición para ayudar.
“Hay un desafío muy fuerte, en el sentido de poder implementar los acuerdos y en que realmente se traduzcan en bienestar, tranquilidad y progreso de la comunidad”, dijo Villamizar, quien se mostró esperanzado en que se pueda lograr lo mismo con el ELN y la disidencia del EPL.
El alcalde de Tibú, Alberto Escalante, no tiene reparos en que una vereda de su municipio sea zona de concentración y calificó ese hecho como un “gran compromiso”.
En Cauca, con fuerte influencia de las Farc, fue bien recibido el anuncio de la ubicación de las dos zonas veredales en Buenos Aires y Caldono, mientras que en Corinto habrá un campamento. “El Cauca ha venido preparándose precisamente para que sea fuerte la autoridad civil en estos territorios y para que no tengamos dificultades con la población que va a estar en estas zonas”, afirmó Alejandra Miller Restrepo, secretaria de Gobierno del Cauca. La funcionaria dijo que espera que la Gobernación y las alcaldías sean actores políticos que lideren los procesos de paz.
