Protestas en Chile por liberación de condenados por crímenes en dictadura
Familiares de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet y activistas de derechos humanos protestaron este miércoles la decisión de la Corte Suprema de liberar a siete condenados por crímenes de lesa humanidad, entre ellos un excoronel responsable de la muerte de tres uruguayos.
Decenas de personas portando fotografías de víctimas de la dictadura se manifestaron fuera del edificio de la Corte Suprema en Santiago, acusando a la autoridad judicial de haber favorecido "la impunidad" tras otorgar la libertad condicional a seis militares y un policía retirados, quienes purgaban diferentes condenas en dos penales de la capital chilena.
"La Corte Suprema chilena no solo ha cometido un descaro y no sólo se hace cómplice de la impunidad, sino de incumplir tratados internacionales y eso es gravísimo", dijo Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, a la prensa durante la protesta.
La liberación "da la espalda al derecho internacional y violenta tremendamente a quienes hemos luchado por cimentar el nunca más", indicó un comunicado de dicha agrupación.
Los beneficiados
La Corte Suprema acogió varios recursos de amparo para otorgarles la libertad condicional a los condenados, tras establecer que los exuniformados cumplían con los requisitos legales y no existían impedimentos para otorgarles dicho derecho.
Todos los beneficiados cumplieron gran parte de las condenas que se les impusieron, requisito esencial para haber pedido la libertad condicional, pero agrupaciones afirman que jamás se han arrepentido de sus actos ni han demostrado voluntad de colaborar en la resolución de los procesos.
Los activistas calificaron de errada la decisión de los jueces y afirmaron que la legislación internacional sí "fija impedimentos y condiciones para otorgar cualquier tipo de beneficio que considere anticipada", para la liberación de reos por crímenes de lesa humanidad.
Este miércoles, la justicia ordenó la liberación del coronel retirado Moisés Retamal, quien cumplía una condena a seis años de cárcel por el secuestro calificado de tres ciudadanos uruguayos a pocos días del golpe de Estado que encabezó Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973, para derrocar al gobierno del socialista Salvador Allende.
Los uruguayos fueron detenidos por la policía cuando estaban escondidos en una mina abandonada cerca de la localidad de San José de Maipo, en el este de Santiago. Intentaban cruzar la cordillera de Los Andes para escapar a Argentina, pero fueron torturados y luego desaparecidos.
Otro de los liberados fue el expolicía Gamaliel Soto, condenado como cómplice del secuestro de un médico que permanece desaparecido desde 1973, y el exmiembro del Ejército chileno, Manuel Pérez, condenado como cómplice del secuestro del exquímico de los servicios secretos de la dictadura Eugenio Berrios, en 1991.
También se beneficiaron el exbrigadier del Ejército, Emilio de la Mahotiere, condenado a tres años y un día como cómplice y encubridor de asesinatos, además de otros cuatro exoficiales.
Hasta mediados de 2017, existían un total de 1.328 causas penales por violaciones de los derechos humanos en tramitación en los tribunales chilenos. Durante el año pasado, al menos 31 exagentes de la dictadura de Pinochet acudieron a los tribunales buscando revertir los procesamientos en su contra, conseguir la libertad provisional o alegar inconstitucionalidad, de acuerdo al Informe de Derechos Humanos de 2017 de la Universidad Diego Portales.
Unos 122 condenados cumplían condena en la cárcel especial para represores de Punta Peuco a julio de 2017, de acuerdo al mismo reporte.
Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) unas 3.800 personas murieron o desaparecieron, mientras que unas 38.000 fueron torturadas, según datos oficiales.
