Principal sospechoso del asesinato de viceministro boliviano es encarcelado
Un juzgado boliviano envió este jueves a prisión al minero Ángel Aparaya, principal sospechoso del asesinato a golpes del viceministro Rodolfo Illanes, confirmó a EFE una fuente de la Fiscalía Departamental de La Paz.
Como consecuencia de la vista judicial, que tuvo lugar en la ciudad El Alto, el minero pasa a estar en régimen de detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro, en el Altiplano paceño.
El Ministerio Público presentó cargos contra Aparaya el miércoles por los delitos de homicidio, tenencia de explosivos, atentado contra agentes de seguridad y robo agravado.
El hombre, de 25 años, permanecía oculto en el distrito minero de Viloco, donde el pasado jueves la Policía intentó sin éxito detenerlo en una incursión nocturna que, según denunciaron los pobladores de esa localidad, fue violenta.
A pesar de sostener que es inocente, el minero finalmente se presentó a declarar ante la Fiscalía en La Paz por mediación del Defensor del Pueblo, David Tezanos.
El viceministro Illanes fue secuestrado, torturado y asesinado a golpes el pasado 25 de agosto por los mineros de cooperativas que bloqueaban una carretera a 180 kilómetros de La Paz y con quienes la autoridad intentaba negociar para suspender las protestas.
El conflicto también se saldó con las muertes de cuatro mineros por heridas de bala sufridas durante las operaciones policiales que buscaban desbloquear las carreteras, y de un quinto por mala manipulación de explosivos.
Las autoridades y la Fiscalía apuntan a Ángel Aparaya como el principal sospechoso del asesinato de Illanes, porque uno de los mineros fallecidos durante el conflicto era un primo suyo y supuestamente actuó en represalia por la muerte de su familiar.
La Fiscalía alegó riesgo de fuga y destrucción o manipulación de pruebas como motivos para pedir la detención preventiva del minero.
Aparaya es el décimo tercer imputado por el asesinato de Illanes, mientras que por el momento nadie afronta cargos en relación a la muerte de los cuatro mineros, cuyo sector protestaba por una reforma legal que permite la sindicalización en las cooperativas.
La propuesta inicial de la Fiscalía era el traslado del minero al penal de San Pedro, en el centro de la ciudad de La Paz, para separarlo del resto de imputados que están en Chonchocoro.
Finalmente primó la petición del Ministerio de Gobierno, presente como acusación en el juicio, de enviarlo a la cárcel de máxima seguridad.
