Policía de Nicaragua cita a líder de alianza opositora tras criticar a Ortega
El líder de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro, fue citado hoy por la Policía de Nicaragua, luego de criticar al presidente Daniel Ortega.
Chamorro, quien es director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), que aglutina a prestigiosos economistas y empresarios de Nicaragua, confirmó que acudirá a la cita, a pesar del riesgo de ser arrestado.
Ayer viernes Chamorro responsabilizó a Ortega por los efectos de la "Nica Act", una ley de Estados Unidos que impone sanciones individuales para miembros del Gobierno de Daniel Ortega y limita el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales, incluyendo los del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mientras no haya elecciones "libres, justas y transparentes".
El líder es primo del periodista Carlos Fernando Chamorro, un crítico de Ortega, quien recientemente denunció que la Policía allanó sus oficinas y decomisó sus bienes junto con los de su esposa, en Managua, sin orden judicial.
Chamorro recibió la cita policial horas antes de que el canal de televisión, 100 % Noticias, también crítico del Gobierno, fuera allanado y ocupado por la Policía, que además capturó a sus dueños y a un equipo periodístico, esta vez con orden judicial.
Todo lo anterior ocurrió luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó en Washington un informe sobre la crisis de Nicaragua, en el que señaló que existen pruebas para argumentar que el Gobierno del país centroamericano ha incurrido en "delitos de lesa humanidad".
La crisis sociopolítica de Nicaragua dejado entre 325 y 545 muertos, 674 "presos políticos", cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.
El Gobierno reconoce 199 muertos y 273 reos, que califica de "golpistas", "terroristas" y "delincuentes comunes".
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
Ortega rechaza los señalamientos y aduce que superó un intento de "golpe de Estado", pese a que la Acnudh y la CIDH han informado que no existen pruebas de dicha teoría.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado, tras 11 años de Gobierno continuo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia, tras el saldo mortal de las manifestaciones. EFE
