El diario plural del Zulia

Piden apoyo al Consejo de DD.HH. de la ONU para los políticos presos de Venezuela

La esposa de Yon Goicoechea, Rosaura Valentini, aseguró que no decaerá en sus esfuerzos por denunciar la detención ilegal de su esposo, así como la de muchos otros políticos que están presos

Familiares de políticos presos en Venezuela y un exalto cargo del Ministerio de Público de este país pidieron hoy a los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se solidaricen con el pueblo venezolano en su lucha por la democracia.

“Pido a los gobiernos del Consejo de Derechos Humanos (CDH) que nos apoyen. Es hora de que todos los países se solidaricen con la causa democrática venezolana, que dejen de mirar a otro lado y escudarse en la diplomacia”, dijo la esposa de Yon Goicoechea, Rosaura Valentini.

En un evento paralelo a la sesión inaugural del CDH, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Valentini enumeró hoy una serie de maltratos sufridos por uno de los principales impulsores y líderes del Movimiento Estudiantil Venezolano en más de un año de confinamiento.

No encuentro la manera de explicarles a mis hijos por qué si su padre es inocente está en la prisión”, dijo Valentini ante una audiencia de diplomáticos y periodistas de diversos países.

La esposa de Goicoechea aseguró que no decaerá en sus esfuerzos por denunciar la detención ilegal de su esposo, así como la de muchos otros políticos que están presos: “Estamos seguros de que nuestro sacrificio ayudara a cambiar la vida de millones de venezolanos”.

Dijo que uno de los aspectos más lamentables de esta situación es que “centenares de presos políticos ni siquiera son políticos, sino por ejemplo músicos, trabajadores o manifestantes que participaban en las marchan y que ahora están en los calabozos y procesados por tribunales militares”.

En el mismo evento participó el exdirector general de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray, destituido a inicios de agosto por la Asamblea Nacional Constituyente junto al equipo directivo de la entidad y denunció “la construcción de un andamiaje jurídico para proteger criminalidad organizada” en Venezuela.

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