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Ministro peruano a favor de reforzar normas para uso de armas de policías

El ministro criticó que la actuación de la Policía se ve limitada porque, de ocurrir un hecho flagrante, el policía solo puede cumplir las diligencias que el fiscal decida

El ministro peruano del Interior, Carlos Morán, declaró hoy estar a favor de reforzar las normas legales para que los policías puedan hacer uso de sus armas, en legítima defensa, y sin que sean denunciados por abuso de autoridad como el agente que mató a un asaltante en una persecución.

Morán acudió hoy a la Comisión de Defensa del Congreso para debatir sobre la legislación vigente y el Código Procesal Penal con el objeto de llegar a algunas modificaciones con el fin de asegurar la actuación de la Policía Nacional.

El Ministerio del Interior ha emprendido una campaña de defensa legal del suboficial de la Policía Elvis Miranda, recluido en una cárcel por siete meses a raíz de la denuncia de abuso de autoridad y homicidio en conjunto presentada en su contra.

Miranda mató a un asaltante en la ciudad de Piura, al norte del país, que pretendió dispararle cuando lo perseguía con otros compañeros, después de haber cometido un robo.

"El caso del suboficial Miranda ha servido para unificar criterios, a fin de que haya consensos y todos estemos frente a un tema que se debe discutir en un país civilizado y respetuoso de los derechos humanos", indicó Morán.

El ministro agregó que "hay que reforzar las herramientas legales para que los policías puedan actuar sin infringir ningún ordenamiento jurídico, y consensuar con el Poder Judicial porque la lucha contra el crimen exige la participación de todos los actores".

El policía fue alertado, el pasado domingo, de un asalto a un transeúnte cometido por tres hombres en Piura, a más de 1.000 kilómetros de Lima, y al enfrentarse al grupo, uno lo amenazó con un arma y, en ese momento, él realizó disparos "disuasivos", según fuentes oficiales.

El atacante, que tenía antecedentes por robo, emprendió la fuga pero fue abatido por el suboficial, mientras que otro escapó y un tercero fue detenido.

Tras revisar el caso, la fiscal Lidia Castillo presumió que el delincuente no portaba arma alguna, ya que al parecer la arrojó durante la persecución, y, por tanto, estaba en inferioridad frente al policía.

Por ese motivo, Miranda fue acusado de la presunta comisión del delito de abuso de autoridad y homicidio en conjunto.

A su vez, el cómplice que fue detenido ya está libre porque se acogió a la figura de la "terminación anticipada" y recibió una condena de dos años de cárcel no efectiva.

"El juez lo sentenció a dos años de prisión y como era menos de cuatro años, el delincuente está libre, mientras que el policía que actuó en una intervención legítima está preso", declaró Morán tras indicar que una resolución de este tipo deja la sensación de la impunidad.

El ministro criticó que la actuación de la Policía se ve limitada porque, de ocurrir un hecho flagrante, el policía solo puede cumplir las diligencias que el fiscal decida.

"Ya se perdió la proactividad, la celeridad y la iniciativa, propiciando condiciones de impunidad y si el policía quiere actuar de motu propio puede ser denunciado", se quejó.

Horas después del incidente policial, un grupo de 80 personas, presuntamente familiares y amigos del asaltante muerto, llegó hasta los exteriores de la comisaría de Tacalá, en Piura, lanzando piedras y objetos contundentes hacia el local policial, lo que causó diversos daños materiales.

A raíz de este ataque, el procurador público Moisés Vega denunció, ante la Fiscalía, a los que resulten responsables del ataque a la comisaría por el delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de disturbios, en agravio del Estado.

En tal sentido, Vega solicitó a la Fiscalía que se realicen las investigaciones correspondientes a fin de poder identificar a los agresores por medio de las grabaciones y fotografías, de las cámaras de seguridad en la zona, que evidencian los hechos.

La familia de Miranda también fue amenazada por allegados al asaltante muerto, razón por la cual el comandante general de la Policía, Luis Lavalle, ordenó que se ofrezca asistencia y seguridad a los familiares del agente procesado.

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