LuxLeaks: Luxemburgo revisa su fiscalidad con participación de la UE
Luxemburgo anunció este martes nuevas reglas cuyo objetivo es evitar, a partir del 1 de enero de 2017, ciertos montajes fiscales abusivos de las multinationales sobre los que el escándalo "LuxLeaks" echó luz, un texto elaborado con la ayuda de la Comisión europea.
"Luxemburgo adapta así su marco jurídico para tener en cuenta las últimas evoluciones a nivel internacional y europeo", se congratuló el ministerio de Finanzas luxemburgués en un comunicado.
La comisaria europea de la Competencia, Margrethe Vestager, cuyos "servicios estuvieron en contacto" con Luxemburgo, también se felicitó por la introducción de reglas "más estrictas".
Estas nuevas reglas conciernen "al tratamiento fiscal" otorgado a las "sociedades de financiación", entidades que pertenecen a los grupos multinacionales y cuya única actividad consiste en brindar servicios financieros, como ser préstamos intragrupos.
Estos documentos publicados en 2014 por el Consorcio internacional de periodistas de investigación (ICIJ) -el escándalo "LuxLeaks"- revelaron cómo algunas empresas con sede en el Gran ducado lograban reducir artificialmente el monto de sus impuestos pagados, con la bendición de Luxemburgo.
Estas nuevas reglas "limitarán los abusos", comentó a la AFP Jean-Luc Fisch, del gabinete luxemburgués Elvinger, Hoss & Prussen. Según él, "Luxemburgo juega aquí un poco el papel de primero de la clase y otros tendrán que empezar a moverse, en particular Irlanda y Holanda".
Entre más de 1.000 acuerdos (o "rescritos") de fiscalidad concretados entre les autoridades fiscales de todos los Estados miembros y las multinacionales que la Comisión dice haber examinado, un gran número concierne a sociedades de financiamiento con sede en Luxemburgo.
Si brindan una ventaja a una empresa y restringen la competencia, estos acuerdos fiscales pueden asimilarse a una ayuda de Estado por parte de la UE, que entonces la considera ilegal.
El Gran ducado se encuentra bajo la lupa de la Comisión por ayudas de Estado, en particular por el tratamiento fiscal para grupos como Amazon y McDonald's, pero estos dos casos concretos no están directamente vinculados a la nueva legislación.
