La justicia europea frena la polémica reforma del Supremo en Polonia
En una decisión histórica y de consecuencias políticas e institucionales incalculables, el Tribunal de Justicia europeo ha paralizado este viernes la reforma del Tribunal Supremo en Polonia.
El auto del Tribunal europeo, dictado por la vicepresidenta Rosario Silva de Lapuerta, ordena a Polonia suspender la aplicación de la norma y mantener en sus puestos a todos los jueces afectados por la reforma y renunciar a cualquier nuevo nombramiento, reseñó El País.
Las medidas provisionales se mantendrán, según el auto, hasta que el Tribunal europeo resuelva la denuncia de la Comisión, que acusa a Polonia de infringir las normas comunitaria al haber aprobado una rebaja de la edad de jubilación de los jueces del Supremo, que forzaba la salida de casi un tercio de sus miembros, y al conferir al presidente de la República la facultad de ampliar el número de jueces.
El auto de Silva de Lapuerta estima que las alegaciones de la Comisión, en principio, parecen bien fundamentadas. En segundo lugar, la vicepresidenta del Tribunal admite la urgencia planteada por la Comisión para pedir medidas cautelares, dado que la aplicación de la reforma podría llevar a una profunda transformación del Supremo polaco y derivar en sentencias dictadas sin suficientes garantías de independencia de la justicia.
La decisión del Tribunal de Luxemburgo parece llamada a enconar aún más el conflicto entre Bruselas y Varsovia. El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, cursó la demanda y la petición de medidas provisionales al Tribunal europeo,ha expresado su temor a que en algún momento el Gobierno polaco acentúe su rebeldía y opte por el desacato de un auto como el de este viernes o el de alguna futura sentencia.
Fuentes europeas advierten que, en ese caso, la Polonia de Jaroslaw Kaczynski franquearía una línea roja de difícil retorno y desencadenaría una batalla institucional sin precedentes en la Unión.
Polonia ya se encuentra expedientada en base al artículo 7 del Tratado de la UE por presunta vulneración de los derechos fundamentales, una medida que puede abocar a la suspensión de ciertos derechos del país, entre ellos, el derecho de voto en el Consejo.
