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HRW pide sanciones contra Ortega y otros altos cargos de Nicaragua

La ONG presentó un informe, titulado «Brutal represión», en el que exige responsabilidades a siete altos cargos del Ejecutivo nicaragüense por los «abusos aberrantes» durante las protestas de 2018

Human Rights Watch (HRW) pidió este miércoles a la Unión Europea (UE) y los países de América que sancionen y enjuicien por torturas al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y otros altos cargos, a los que responsabiliza de un «patrón de abusos sistemáticos» contra los activistas.

La ONG presentó un informe, titulado «Brutal represión», en el que exige responsabilidades a siete altos cargos del Ejecutivo nicaragüense -incluido Ortega- por los «abusos aberrantes» que supuestamente perpetraron desde abril de 2018, cuando comenzaron unas protestas que han dejado centenares de muertos.

Para el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, el mandatario nicaragüense y su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo, son los «máximos responsables» de los abusos.

«Creo que es importante mantener la presión. Ortega y su mujer son personajes que entienden un único lenguaje y ese es el de la presión internacional«, dijo a Efe el experto.

En opinión de Vivanco, una de las maneras más efectivas de presionar a la pareja presidencial es el «bolsillo», es decir, implementar un cerco económico a nivel internacional que congele cualquier activo financiero fuera de las fronteras de Nicaragua y que, incluso, les impida viajar a otros países.

En su reporte, HRW reclama el mismo castigo para otros seis altos cargos, incluido el jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz; el subdirector, Ramón Avellán, y el inspector general de la Policía Nacional, Justo Pastor Urbina, que jugó un «papel central» en la «represión».

Asimismo, el grupo propone a las naciones signatarias de la Convención contra la Tortura de la ONU que, en la medida en que lo permita su sistema de derecho interno, hagan un esfuerzo para juzgar a los acusados de torturas aplicando el principio de justicia universal.

A juicio de Vivanco, esa acción permitiría poner fin a la «impunidad», que se ha convertido «en la regla».

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